En un comunicado de prensa, el Gobierno autonómico detalla que los destinatarios son personas drogodependientes implicadas en diligencias judiciales por la comisión de delitos relacionados con su dependencia de sustancias tóxicas (a la espera de juicio o pendientes de confirmación de sentencia), internados en centros penitenciarios (como preventivos o penados) o en libertad provisional o condicional.

Asimismo, sus familias también pueden recibir asesoramiento, acompañamiento e información. Por otro lado, otros profesionales como magistrados, fiscales, abogados y forenses son asesorados en esta materia.

Según explica la nota de prensa, la iniciativa se desarrolla a través de "la intervención en calabozos y en el despacho con usuarios, familias y operadores judiciales; la elaboración de informes de toxicomanías; y el seguimiento a personas a las que se les aprueba la suspensión de condena".

Este plan es fruto de un convenio de colaboración entre el Principado, el Consejo General del Poder Judicial y la asociación Servicio Interdisciplinar de Atención a las Drogodependencias (Siad), que las tres partes renovarán para su realización esta edición.

El año pasado se ofreció asesoramiento a 846 personas en los calabozos y se realizaron 2.589 entrevistas personales con los usuarios y 56 familias, según informa el Gobierno regional.