El objetivo es conseguir que los titulares de estas instalaciones se sometan a las correspondientes inspecciones, garantizando así la seguridad de clientes y trabajadores.

La iniciativa surge de la preocupación del Gobierno de Aragón por el bajo índice de inspecciones reglamentarias que se vienen realizando en materia de baja tensión eléctrica en locales de pública concurrencia tales como industrias, hoteles, discotecas, cines, edificios públicos y centros comerciales.

La solicitud de dichas inspecciones corresponde a los titulares de las instalaciones de acuerdo a los reglamentos de seguridad que les son aplicables, y hay muchos que no las solicitan, bien por desconocimiento o bien porque estiman que su instalación no cumple las normas y pretende evitar así la sanción correspondiente, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Solo en el caso de la baja tensión eléctrica existen alrededor de 20.400 instalaciones que deberían pasar inspección periódica y muchas de ellas no lo hacen. La mayor parte de los accidentes e incendios que se producen en locales en Aragón tienen su origen en instalaciones eléctricas de baja tensión defectuosas, normalmente tras el resultado de modificaciones irregulares.

RETOS

Por este motivo, el director general de Industria, Fernando Fernández Cuello, ha insistido en la necesidad de repensar todo el sistema de inspección, haciendo frente a dos grandes retos: por un lado, mientras toda la industria ha evolucionado a lo largo de los últimos 30 años hacia la implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad como la norma ISO 9000, en el caso de los agentes de seguridad industrial, está implantación se está produciendo de forma más lenta.

Aunque algunas empresas más concienciadas realizan instalaciones de calidad, otras más pequeñas no tienen implantados mecanismos de aseguramiento.

El segundo gran reto al que hay que hacer frente es alcanzar una adecuada digitalización de toda la información referida a la vigilancia de seguridad de las instalaciones industriales. "En este aspecto", ha explicado Fernández Cuello, "en los últimos meses se está trabajando intensamente de cara a configurar unas bases de datos compartidas en la nube con los agentes de seguridad industrial al objeto de tener correctamente censadas estas actuaciones".

El sistema, que se espera que arranque a la vuelta del verano, se alimentará en sus momentos iniciales con los 20.400 locales de públicas concurrencia y el seguimiento de sus instalaciones de baja tensión eléctrica. En pocos meses, según ha explicado el director de Industria, será posible conocer qué carencias existen en materia de inspecciones y se reclamará a los titulares de las mismas las inspecciones y regularizaciones de sus instalaciones. Los titulares que no atiendan los requerimientos serán sancionados.

Fernando Fernández ha explicado que "gran parte de los accidentes que se han producido en los últimos años han tenido su origen en el contexto de modificaciones de las instalaciones como consecuencia de ampliaciones que no se han realizado de acuerdo a los requerimientos de seguridad de los reglamentos técnicos correspondientes". "En algunos casos", ha dicho, "en las inspecciones nos encontramos con auténticas chapuzas y esto no puede seguir así".

El objetivo último del plan es conseguir que su aplicación redunde en una disminución drástica del número de accidentes y de una mayor actividad en el sector, con el consiguiente incremento de los puestos de trabajo para todos los agentes que intervienen: ingenieros, instaladores y organismos de control. Esto permitirá, además, a la Comunidad Autónoma situarse a la altura de sus homólogos europeos y resolver una asignatura pendiente.