En una nota, el sindicato ha explicado que esta fundación trabaja mediante concierto económico con el Gobierno andaluz, tanto con la Consejería de Justicia como con la de Igualdad, y tiene subcontratas en diversos sectores.

El sindicato, que está llamado a juicio junto a la fundación para el día 20 de septiembre por el despido de un trabajador, acusa a la empresa de "haber tenido contrataciones en fraude de ley, así como horas extras no remuneradas y una serie de irregularidades de ámbito laboral".

Además, asegura que "se podría haber infringido diferentes leyes en otros casos no tan estrictamente relacionadas con la contratación y las funciones profesionales que los trabajadores de esta fundación realizan".

Desde la central sindical piden también a la Junta que "se interese por el dinero que se destina a contrataciones", puesto que la administración "debe velar por un empleo de calidad", así como por que "se respeten los derechos de los trabajadores, y más en casos con riesgos de vulnerabilidad, como es el caso del trabajador despedido, que entró por plazas destinadas a discapacitados y que podrían no estar cumpliendo el cupo mínimo".

(ep)

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