Según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid de 22 de julio de 2016, Gómez Arribas sucede en el cargo a Eduardo Martínez Pérez, al tiempo que la sociedad cambia su sede social al número 386 de la calle Serrano de Madrid.

Gómez Arribas ya mostró su interés por el aeropuerto ciudadrealeño en enero de 2015, cuando una de sus sociedades vinculadas, Remotor, Reparaciones y Motores SL, presentó una oferta de compra por 80,4 millones de euros, si bien no llegó a hacer efectivo el aval obligatorio para formalizar la operación.

Según se desprende del auto dictado el 20 de abril por el titular del Juzgado de Primera Instancia y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, Ciudad Real International Airport prevé una inversión de 579 millones y una creación de 7.716 puestos de trabajo directos e indirectos en diez años.

Se trata de la única postora que entregó cheque bancario por importe de 1.873.000 euros como parte del aval, aunque el magistrado ha establecido un plazo de cuatro meses, a partir del 15 de abril, para el abono del resto hasta completar el 5% de la cantidad total ofrecida.

En este contexto, el Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el pasado 25 de mayo la constitución de la empresa Grupo Orden CR 16 SL con el objeto social de desarrollar "actividades anexas" al transporte aéreo y de contabilidad. Constituida con un capital de 3.100 euros, el comienzo de operaciones se ha establecido el 18 de mayo de 2016 y el domicilio social se ha fijado en las mismas instalaciones del Aeropuerto de Ciudad Real.

El socio y administrador único de Grupo Orden CR 16 es el ciudadrealeño José Luis Lara Ruiz de la Hermosa, quien también figurara como administrador único de una de las empresas que pujó en un primer momento en la subasta y, posteriormente, optó a la compra de la infraestructura: el murciano Grupo Orden 12. En principio, esta empresa pretendía instalar un centro de inspección técnica de aeronaves.

Grupo Orden 12 optaba a comprar el aeropuerto por 55 millones de euros, pero el magistrado estableció en un auto que se dedujera testimonio del aval presentado "toda vez que el aval no fue finalmente ejecutado", y apuntaba que la persona que lo firmó o la mercantil Interconfindi Europa S.C.P.A. "podrían haber cometido un delito de estafa en relación al aval suscrito firmado prestado a la entidad".