Según los datos aportados por la Junta a fecha de 25 de julio, el Registro de Certificados de Eficiencia Energética tiene inscritas 73.315 viviendas y edificios, una cifra que se ha multiplicado casi por cinco desde 2013. Casi el 89 por ciento de estas acreditaciones se corresponden con pisos, bloques y chalés, de los que siete de cada diez han obtenido una calificación energética D o E en emisiones de dióxido de carbono.

Según han recordado las mismas fuentes, la certificación de eficiencia energética es un procedimiento oficial que califica energéticamente un inmueble y calcula tanto el consumo anual de energía necesario para cubrir su demanda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento, como las emisiones de dióxido de carbono asociadas.

Además, con la entrada en vigor este año del Real Decreto 235/2013, se hace obligatorio disponer de esta etiqueta para alquilar o vender cualquier inmueble, "un requisito que hasta entonces sólo era exigible para nuevas construcciones".

La normativa precisa que el certificado debe incluir valores de referencia y requisitos mínimos con el fin de que los propietarios o arrendatarios de una vivienda puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. "De esta forma, se avanza hacia el objetivo de la Unión Europea de conseguir edificios con un consumo energético casi nulo en 2020, recogido con carácter imperativo en la Directiva 2010/31/UE", han explicado desde la Junta.

El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a los nuevos preceptos legales.

En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico, "una cifra muy baja", reconocen desde la Junta, que lo achaca al desconocimiento entonces de la obligatoriedad de la inscripción de estos certificados y al hecho de que este trámite sólo fuera obligatorio para la obra nueva en un ejercicio de crisis de la actividad inmobiliaria y de construcción.

El número de registros empezó a aumentar progresivamente en 2013, especialmente desde la publicación del RD 235/2013 a mediados de abril, y alcanza los 15.025. Al año siguiente se batió el récord de registros, con casi 27.975 nuevas entradas y 43.000 certificados a 31 de diciembre de 2014.

De las 73.315 certificaciones definitivas a finales de julio,

4.191 se han emitido en la provincia de Ávila; 10.675 en Burgos; 13.803 en León; 4.873 en Palencia; 12.255 en Salamanca; 4.949 en Segovia; 2.153 en Soria; 16.929 en Valladolid y 3.391 en Zamora.

Para la Junta, las diferencias numéricas interprovinciales son coherentes con el padrón de habitantes de cada territorio y con la actividad económica predominante, "aspectos que inciden en la construcción de viviendas nuevas, la rehabilitación de las existentes o una mayor tendencia al alquiler". Así, el volumen de certificaciones de pisos es más elevado en provincias más pobladas o más turísticas, en aquellas con más presencia del sector servicios y en ciudades universitarias.

En cuanto a la tipología de edificios que cuentan con certificación definitiva, casi el 89 por ciento son viviendas (65.055 en total), ya sean bloque, individual en bloque, unifamiliar, unifamiliar aislada, adosada o pareada. El 11 por ciento restante (8.260 inmuebles) son edificios de uso terciario, donde se incluyen locales, oficinas, hoteles y residencias y centros docentes y sanitarios, entre otros.