Gijón tiene hasta este viernes de plazo para responder al requerimiento de Montoro

  • El Ayuntamiento de Gijón tiene hasta este viernes de plazo para formular alegaciones al requerimiento del Ministerio de Haciend y Administraciones Públicas que solicita la disolución de determinadas empresas públicas, de acuerdo a la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Pleno del Ayuntamiento de Gijón.
Pleno del Ayuntamiento de Gijón.
EUROPA PRESS
Pleno del Ayuntamiento de Gijón.

Así consta en el escrito del Ministerio, al que ha tenido acceso Europa Press y que fue recepcionado por el consistorio el 22 de julio, otorgando al Ayuntamiento quince días naturales de plazo para dar cumplimiento "a la obligación de remisión de aquella información relativa a la extinción de las entidades".

Transcurrido ese plazo, advierte el Ministerio, se podrá proceder a "dar publicidad al incumplimiento y a adoptar la medidas automáticas de corrección previstas".

Tras revisar las informaciones económico-financieras y presupuestarias del Ayuntamiento, el departamento liderado por Cristobal Montoro considera que son varias las empresas municipales que deberían de disolverse. Se trata de Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa), Divertia Gijón, E.M. Vivienda de Gijón, Fundación Municipal Cultura, Educación y Universidad Popular y Gijón Invierte.

En la misiva del Ministerio, recuerdan al Ayuntamiento de Gijón que la actual normativa contempla el supuesto de disolución automática de entidades directamente dependientes de las entidades locales que, cumpliendo determinadas condiciones, se encontrasen en situación de desequilibrio financiero, de forma que se les obligaba a la aprobación de un plan de corrección del citado desequilibrio.

"La consecuencia de que dicho plan no surtiese los efectos correctores a 31 de diciembre de 2014, era la disolución de la entidad dependiente porque así lo acordase su entidad creadora, y en caso de no hacerlo, la propia Ley determinaba su disolución automática el 1 de diciembre de 2015, momento a partir del cual cualquier actuación del ente dependiente y del Ayuntamiento debía ir exclusivamente encaminada a la liquidación del ente, sin que fuese legalmente posible el ejercicio ordinario de su actividad", añade la misiva. Una carta similar ha recibido también el municipio asturiano de Mieres.

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