Las personaciones "están bien, pero no son necesarias", ha considerado este miércoles el consejero, quien en calidad de "juez de carrera" ha recordado que el sistema de acusación pública lo ejerce el Ministerio fiscal que, además, "tiene la obligación" de reclamar "los perjuicios que correspondan" a favor de los damnificados.

Por tanto, según el consejero, que una Administración se persone o no en una causa no influye en la persecución de los hechos.

Quiñones ha apuntado que la actuación de la Junta en este asunto ha sido "inmediata y contundente", punto en el que ha recordado que a finales de 2015 se habían hecho "23 inspecciones" a la empresa y después de diciembre de ese año "se han hecho otras ocho, en colaboración con la plataforma ciudadana".

Precisamente, otra de las dudas de No Más Mierda se centra en cómo se podían escapar las irregularidades a esas inspecciones. A este respecto, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha argumentado que las disfunciones "serían posteriores" a las visitas y ha defendido la "profesionalidad" de los servicios de la Junta. Las inspecciones "no garantizan el análisis del cien por cien de la superficie de un lugar", ha precisado antes de insistir en el desconocimiento sobre el momento de origen de los vertidos.

Por otro lado, ha valorado la adopción de medidas cautelares "inmediatas" y que han terminado con una resolución que las ratifica y exige la retirada de los residuos por un gestor autorizado "en las doce parcelas identificadas", ocho fincas de Fuentepelayo y cuatro de Zarzuela del Pinar.

El proceso llevará, según Suárez-Quiñones, a la ejecución de las resoluciones siempre que sigan siendo "ejecutables" y no se suspendan en un proceso contencioso-administrativo, "que de momento no se ha producido".

Además, en el caso de que el propietario de la planta de compostaje no las asuma, se acudirá a la ejecución subsidiaria y a los medios coercitivos que establece el procedimiento administrativo para hacer efectivas esas decisiones, según el consejero, quien ha asegurado que en última instancia, la Administración tendría que proceder a la retirada de esos residuos con cargo "por supuesto, al obligado".