Ahumada, que ha comparecido en rueda de prensa junto al secretario provincial de CCOO, Antonio Herrera, ha recordado el anuncio del equipo de gobierno del ente supramunicipal de la puesta en marcha del Plan de Primera Oportunidad.

Así, tras una reunión mantenida con la Secretaría General de CCOO, ha incidido en que, tal y como la coalición de izquierdas manifestó en el último pleno, IU "pone encima de la mesa propuestas con las cuales intentamos mejorar el borrador facilitado por el equipo de gobierno" y con vistas a que "este importante plan no sea solo el del equipo de gobierno, sino de todos y cada uno de esta Diputación".

En este punto, Ahumada ha dicho, en primer lugar, "echar en falta la participación activa de los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- en el transcurso del Plan de Primera Oportunidad" en favor de "contribuir al control de toda la parte estipulada en cuanto a derechos de los trabajadores".

También ha agregado que en el borrador facilitado por el equipo de gobierno se echa en falta "una definición de una comisión de seguimiento de este plan". En concreto, han precisado que se "deja muy abierto el apartado de la comisión de seguimiento sin definir sus representantes".

"Entendemos que, como punto de partida, esta comisión debe constituirse antes de la aprobación de las bases para el estudio de las mismas y la participación en su aprobación de los distintos agentes políticos y sociales de la provincia", ha añadido.

Así, ha señalado que "debe constituirse una comisión de seguimiento donde estén representados el Área de Gobierno que pone en marcha el programa -con los técnicos que designe-, los distintos grupos políticos que componen el Pleno de la Diputación, la UMA, los sindicatos, la CEM así como potenciales beneficiarios que no están incluidos en la Confederación, como puede ser una representación de autónomos, profesionales y cooperativas de la provincia.

Por ello, ha aludido a que "se convoque una primera reunión de dicha comisión de seguimiento en la primera semana del mes de septiembre, donde poder elevar cada uno las propuestas de mejora al documento base facilitado".

De igual modo, para IU "se entiende que la subvención para la empresa es del 70 por ciento del salario marco establecido para cada sector" y que "se debe, por tanto, especificar que lo que se le abone al beneficiario contratado sea el 100 por ciento de ese salario marco, ya que actualmente la legislación, en cuanto a contratos en prácticas, permite el pago de hasta el 60 por ciento en el primer año de contrato".

"Además de dar una oportunidad y posibilidad al empleo, debemos garantizar unos máximos de calidad en el mismo", ha señalado Ahumada en rueda de prensa.

Por otro lado, ha afirmado que "no se definen criterios de selección para las empresas que pueden ser beneficiarias" y ha dicho que "se debe priorizar a los autónomos, pymes, profesionales y cooperativas, ya que éstos se encuentran generalmente más limitados a la hora de poder aumentar su plantilla".

También apuntan a que se deben incorporar mecanismos de control para que se cumplan con todos los derechos que conlleva para el trabajador un contrato en práctica.

"Con estas iniciativas IU presenta a este plan una serie de mejoras que, entendemos, deberían ser tomadas en cuenta y, sobre todo, como base de un futuro debate entre todas los fuerzas políticas, de todos los agentes sociales de la provincia para articular el mejor plan que podamos tener de empleo", ha resaltado.

Por su parte, Herrera ha señalado "algunas cuestiones que para CCOO son fundamentales". "Creemos que estos planes deben ir enmarcados en una concertación, entre los que generan empleo", ha afirmado.

Así, CCOO solicita "en aras del principio de transparencia pública en la gestión administrativa la creación de una Comisión Técnica de Verificación y Evaluación del cumplimiento de las cláusulas sociales, así como la regulación de las consecuencias jurídicas en los supuestos de incumplimiento de las mismas".

Herrera ha explicado que "la norma debe incorporar cláusulas sociales de preferencia y la adjudicación de la subvención a favor de aquellas empresas que acrediten en sus plantillas un porcentaje de personas con discapacidad superior a un dos por ciento"; y también "las que recojan la inserción laboral de un porcentaje de personas en riesgo de exclusión laboral".

Además, ha citado a las que tengan mayor número de empleados con contrato indefinido, las que contengan políticas de igualdad de género, las que protejan el Medio Ambiente, promuevan la eficiencia energética y el buen uso de los recursos ycumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Criterios de Responsabilidad Social Corporativa.

Por todo ello, ha confiado en que no sea "un elemento de propaganda más que contribuya al subempleo". En concreto, que "sea un itinerario de prácticas que tienda a consolidar empleo cualificado y aprovechar formación de los nuevos trabajadores", incidiendo en "que cumplan los criterios de responsabilidad social corporativa", ha sentenciado.