El juez que investiga las presuntas irregularidades en la Fundación 'DeSevilla' ha archivado la causa contra el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y contra Carlos Vázquez, que fuera secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento.

De este modo, y según han indicado fuentes judiciales, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado una resolución en la que exculpa a ambos imputados a petición de la propia Fiscalía de Sevilla.

Las mismas fuentes consultadas han señalado a Europa Press que el magistrado únicamente mantiene imputado por un delito de fraude de subvenciones al exdirector general de la fundación Miguel López Adán (IU-CA), todo ello al entender que "la subvención fue solicitada a sabiendas de que no se haría la actividad a la que estaba destinada".

Según explica el juez en su resolución, lo anterior "se deduce del estado económico de la fundación", añadiendo que "el dinero se destinó" finalmente a otro destino distinto al fijado "a sabiendas" de ello.

De este modo, el juez ha concluido ya las diligencias de investigación y en breve emitirá el auto de procedimiento abreviado contra López Adán y no contra Carlos Vázquez ni contra Torrijos, cuya defensa ha mantenido que, en el caso de existir irregularidades en su actuación como primer teniente de alcalde que otorgó las subvenciones investigadas, estas serían de carácter administrativo.

En este caso, el juez ha rechazado reiteradamente la petición de los anteriores responsables de la Fundación 'DeSevilla' para que imputara en la causa al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), a toda su Junta de Gobierno, a los patronos que aprobaron las cuentas anuales de 2008, 2009 y 2010, y a otros responsables municipales que intervinieron en las ayudas investigadas.

En el escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los anteriores responsables de la fundación realizaron esta petición tras analizar el informe pericial elaborado por 'KPMG' y a fin de conseguir "el adecuado avance y buen fin de la investigación" frente a la actuación de los abogados de los imputados, que "se limitan a presentar escritos y recursos dirigidos únicamente a ralentizar y entorpecer la investigación de los hechos".

En su informe, los peritos de KPMG que analizaron las cuentas de la entidad concluyen que la fundación destinó "más del 70 por ciento" de las ayudas recibidas para programas de cooperación internacional a gastos de personal, que sólo en 2008 ascendieron a 1,1 millones de euros para un grupo de 27 trabajadores vinculados políticamente a Izquierda Unida, aludiendo además a la presunta responsabilidad de Monteseirín y Torrijos en cuanto al conocimiento de la situación económica de la Fundación.

La fundación aseguraba en su escrito que las subvenciones investigadas fueron aprobadas por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno local y "en la inmensa mayoría de las ocasiones sin ser tenidas en cuenta las observaciones o reparos hechos" por el interventor municipal José Miguel Braojos.

El informe pericial explicaba que el expediente 98/08 se componía de 13 proyectos, de los cuales siete no se llevaron a cabo y el resto se realizaron parcialmente, sin embargo el dinero recibido por la Fundación fue "gastado, no justificado y además no ha sido devuelto, a pesar de haber renunciado a esa subvención".

Por ello, DeSevilla solicitó que se tomara declaración como imputados, ante la "existencia de sobrados indicios y datos acreditados", a los asistentes a la Junta de Gobierno del 20 de abril de 2011, en la que figuran además de Monteseirín, Torrijos, Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez.

AYUDAS SIN JUSTIFICAR

En relación con los expedientes de subvención 19/2006 y 37/09, la fundación aseveraba que "basta una simple lectura" de los mismos "para observar claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza en torno al mismo".

El expediente 19/2006, según la fundación, tuvo su origen en un convenio suscrito el 6 de julio de 2007 entre Alberto Moriña, como delegado de Cooperación a Desarrollo, y Domingo Enrique Castaño, como representante de la fundación, siendo Moriña "el proponente a la Junta de Gobierno Local de la aprobación de la concesión de una subvención de cooperación directa por importe total de 150.000 euros para la ejecución de los proyectos que contenía el expediente".

"Finalmente, las cantidades otorgadas en el expediente 19/06 y en el 98/08 no se justificaron", dice la fundación, que indica que "la falta de justificación del primero de ellos "era uno de los motivos de oposición del interventor a la aprobación del expediente 98/08", dándose la circunstancia de que "miembros de la Junta de Gobierno Local que dieron por concluso este último expediente sin apertura de reintegro son coincidentes, tales como Moriña, Sánchez Monteseirín o Rodrigo Torrijos", lo que "hace si cabe más grave su forma de actuar aún conociendo esta circunstancia".

Por todo ello, pidió al juez que tomara declaración como imputados a Alberto Moriña y Domingo Enrique Castaño y que se ampliara la imputación al exdirector general de la fundación Miguel López Adán (IU-CA).