Según la organización conservacionista, la empresa continuó con la corta de robles pese al gran número de denuncias efectuadas por los agentes forestales y no se ha detenido esta tala masiva de árboles vivos hasta que SEO/BirdLife denunció los hechos al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

SEO/BirdLife, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que también envió la denuncia a la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo para que realice las oportunas investigaciones y valore si dichos hechos pueden considerarse delictivos.

"La destrucción de hábitat es la principal causa de pérdida de biodiversidad además de ser considerada como un delito por el Código Penal español y por la Directiva penal ambiental de la Unión Europea", ha señalado.

PERIODO REPRODUCTOR

Además, la organización ha señalado que los hechos denunciados cobran una "mayor importancia" si se cuenta con que estas actuaciones se han desarrollado durante el periodo reproductor de numerosas especies de aves que habitan en el robledal, muchas de ellas protegidas.

A ello se une que se trata de una época del año de gran peligrosidad desde el punto de vista de la realización de trabajos forestales, ya que existe un elevado riesgo de incendios, máxime cuando las labores de corta del arbolado se ejecutan con motosierras y en pleno periodo veraniego con altas temperaturas, ha apuntado SEO/Birdlife.

La sierra del Teleno se encuentra en la Red Natura 2000 como Zona Especial de Conservación y como Zona Especial de Protección para las Aves. Los robledales afectados se encuentran entre los hábitats naturales de interés comunitario considerados por la Directiva de Hábitats y cuya conservación obliga a la designación, como fue el caso, de Zonas Especiales de Conservación. "Por lo tanto, las talas se han llevado a cabo en uno de los espacios más importantes de Europa para la conservación de la biodiversidad", ha añadido.

El director de Cosnervación de SEO/Birdlife, Juan Carlos Atienza, considera que La Junta de Castilla y León "debe denunciar inmediatamente el contrato con la empresa adjudicataria, sancionarla por incumplir el contrato y personarse ante los tribunales para dirimir su responsabilidad penal y civil, solicitándole que resarza a la Junta por los daños causados por la pérdida de hábitat y la reparación de los daños".

También ha recordado que "el daño causado por la empresa es un importante perjuicio al patrimonio natural de todos los ciudadanos".