El director general de Gestión Económica de la Consejería de Sanidad de la Junta, José Ángel Amo Martín, ha rechazado este martes que la empresa concesionaria del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) pueda tener unos beneficios de 751 millones y ha advertido de los "riesgos" que tendrá para afrontar los gastos vinculados a la reposición de equipamiento debido a la baja cuantía que contempló en su oferta.

Amo, quien ha comparecido ante la Comisión parlamentaria sobre el HUBU, ha considerado "absolutamente imposible" que la rentabilidad de la concesionaria pueda alcanzar los 751 millones. "Me parece absolutamente imposible que haya deducido del modelo económico financiero ese beneficio neto porque es impensable", le ha respondido a la procuradora socialista en la Comisión, Mercedes Martín, antes de añadir que la tasa interna de rendimiento del proyecto es del 7,11 por ciento auque a la rentabilidad hay que deducirle "muchos costes".

"No hay empresas con rentabilidad tan garantizada como la del HUBU", había aseverado previamente Martín, quien había afirmado además que el "experimento singular" del Hospital de Burgos, en referencia al modelo, es "un pozo sin fondo para las arcas públicos".

Amo ha defendido la actuación de la Junta frente a las demandas de la empresa concesionaria, a la que no se ha hecho "ninguna" concesión, y que tampoco ha propiciado modificados "en busca de rentabilidad" ya que, ha precisado, los reequilibrios han perjudicado económicamente a la empresa "sin perjuicio de ser jurídicamente los correctos".

El director general de Gestión Económica de la Consejería sí ha advertido sobre los "riesgos muy importantes" que detecta en lo que tiene que ver con los gastos, punto en el que ha afirmado que "seguramente" tenga "muchas dificultades" para afrontar la cobertura de los contratos de mantenimiento, "que tiene que ser completa" porque la Administración así se lo va a exigir.

En concreto y tras puntualizar que los costes de explotación conllevan "un riesgo importante" vinculado a aspectos como la evolución de aspectos como los costes internos, laborales o los insumos, entre otros, que son "difíciles de prever", Amo ha apuntado a las reposiciones, que a su juicio constituyen el "riesgo más elevado".

Así, ha explicado que pocas concesiones han incorporado a sus ofertas el equipamiento por la dificultad de prever aspectos como las necesidades reales del hospital, el cumplimiento o no de los ciclos de vida de los equipos o la evolución de la técnica médica, pero que dado que la concesionaria del HUBU sí lo hizo, la Administración las exigirá pese a que se traducirán en un desequilibrio para la empresa.

"Eso no debe ocupar o preocupar a la Administración, es gestión empresarial", ha apostillado Amo, quien ha precisado que la "culpa" de los retrasos no es de la Administración pero tampoco imputable a la concesionaria, a la que no se ha sancionado porque el supuesto necesario para hacerlo implica que exista un "incumplimiento culpable" cuando toda la dilación en los plazos fue introducida por la Junta.

Así, ha cifrado en 1,5 millones los gastos derivados del primer reequilibrio (costes de monitorización, seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de la construcción) y en tres millones los del segundo, lo que sumado sitúa el "único perjuicio económico" -"pierde la Administración y no gana la concesionaria"- en 4,5 millones de costes aumentados.

INCREMENTO DEL CONTRATO

El director general ha insistido en la idoneidad de "hacer comparaciones en términos reales", de modo que el incremento del proyecto sería del 37,62 por ciento -en 883 millones se firmó la concesión inicial-, lo que es "francamente coherente" con el de la inversión inicial, con el de la explotación de los servicios y "con todos los impactos" que ha tenido la concesión.

En la actualidad no hay "ninguna circunstancia" pendiente de reequilibrar aunque sí dos litigios abiertos "con cuantías económicas importantes", lo que aún podría incrementar el precio del contrato, según Amo, quien ha expuesto durante su comparecencia, que se ha prolongado durante cerca de tres horas, la defensa de los términos del contrato por parte de la Administración especialmente en lo relacionado con el mantenimiento "integral", lo que se ha traducido en

cinco penalizaciones por incumplimiento y 76.558 euros.

"Sus pretensiones han sido íntegramente desestimadas en sede judicial", ha destacado tras explicar los reequilibrios realizados en el proyecto del HUBU y su traducción económica, aspecto sobre el que el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Manuel Mitadiel, ha considerado que la Administración ha "salvado del incumplimiento" a una empresa con problemas de financiación que ha "acabado pagando" la Junta.

El procurador de C's se ha referido también a una partida de 666.000 euros para la elaboración de unos planes de equipamiento -"jamás le ha salido a Sacyl tan caro confeccionar un plan de equipamiento"- que, según ha reconocido Amo, no recogía el material quirúrgico, razón por la que la concesionaria reclamaba 800.000 euros al año a la Administración, que no ha compensado ese gasto al entender que la empresa había asumido un riesgo de 373.000 euros.

El director general, además, ha asegurado que la concesionaria tiene que amortizar la inversión inicial "y la lectura correcta es que la Administración, al reconocerlo en los dos reequilibrios, compensa la inversión inicial y el coste de amortización de la inversión inicial".

PERSONAL Y CONTADORES

Laura Domínguez, de Podemos, ha cuestionado el cumplimiento, por parte de la concesionaria, con los salarios y condiciones laborales de trabajadores así como la existencia de contadores de consumo en el momento de apertura del hospital ya que no se instalaron hasta 2013, a lo que Amo ha respondido que el coste de convenio lo asume la concesionaria -subrogó en 2012 al personal estatutario temporal, eventual o sustituto y el fijo optó por no incorporarse y mantener su vínculo con la Administración- y que hubiera sido "absolutamente exagerado obstaculizar" la puesta en funcionamiento del centro por un aspecto así cuando, ha precisado, la facturación se ha realizado "en provisional" hasta que el consumo marcado por los contadores fijó el pago exacto por parte de la empresa, lo que ha conllevado un "perjuicio muy claro".

Mercedes Martín, quien de nuevo ha ahondado en el modelo de concesión, ha repasado los incrementos del contrato hasta la cifra "final" de 1.667 millones, se ha cuestionado el incremento del volumen del coste total definitivo "para toda la ciudadanía" y también ha mostrado sus dudas sobre la posibilidad de que la concesionaria hubiera podido adquirir el material a precio de coste, lo que "hubiera sido imposible".

"Es una fórmula compleja pero correcta que contempla todos los aspectos, 15 parámetros de facturación", ha explicado antes de añadir que en cuatro años y medio de explotación solo se ha recibido una solicitud de penalización a la concesionaria -por las inundaciones en los quirófanos- y de defender el control de la gestión -"no creo que en el resto de centros se llegue a ese nivel de control"-.

En último término Ángel Ibáñez, del grupo Popular, ha insistido en el "aval" de procedimiento puesto de manifiesto en las comparecencias y ha puntualizado que en el caso del HUBU "no hay sobrecostes, hay sobreinversión", punto en el que ha considerado "muy importante" que la comprobación material de las instalaciones, en el año 2036, no sea una recepción formal.