La iniciativa pretende ser una respuesta a diversos episodios de violencias y la alerta lanzada por el Col·legi de Metges, que en una reciente encuesta estima que un tercio de los profesionales ha sido agredido o intimidado.

Según Belenes, el paciente rechazado no perderá en ningún caso su derecho a recibir atención sanitaria pública y gratuita pero deberá buscarse otro facultativo, ya sea en otro o en el mismo centro de salud.

Obligatoriedad

El decreto obligará también al personal sanitario a comunicar cualquier acto de violencia física o moral que sufra en el centro. En el marco de aumentar la seguridad en los ocho hospitales que gestiona el ICS, la conselleria ha encargado a los Mossos auditorías de los centros para señalar los puntos negros.

Del análisis se decide poner más cámaras de seguridad y se instalarán pulsadores de emergencias en sitios estratégicos. No se trata, tal como avanza el director de Infraestructuras y Servicios Técnicos del ICS, Joan Vila-Masana, de convertir los hospitales en prisiones sino de compatibilizar la seguridad de los trabajadores con el derecho del paciente.

Además, se instalarán radares que detectan movimientos en salas donde tiene que haber nadie.

Salas y pasillos restringidos

La Conselleria de Salut descarta por ahora limitar las horas de visita en los hospitales para garantizar la libre circulación, pero sí separará las circulaciones del personal técnico de los centros del que utiliza el público general. Así, a través de tarjetas eléctricas o cerrojos codificados, la plantilla autorizada tendrá acceso a zonas restringidas.