Cifuentes promete nuevas ayudas para reformar casas sin haber pagado las anteriores

  • La Comunidad de Madrid destinará en 2016 44 millones a rehabilitar edificios, casas y entorno urbano.
  • Sin embargo, el Ejecutivo regional aún debe 95 millones de euros a unas 25.000 familias de planes anteriores.
  • El Gobierno de Cristina Cifuentes no abonará ya estas subvenciones, algunas de las cuales datan del año 2001.
El único bloque rehabilitado (derecha) por la Comunidad de Madrid en la Colonia Experimental.
El único bloque rehabilitado (derecha) por la Comunidad de Madrid en la Colonia Experimental.
JORGE PARÍS
El único bloque rehabilitado (derecha) por la Comunidad de Madrid en la Colonia Experimental.

La Comunidad de Madrid ofrecerá este año nuevas ayudas para la rehabilitación de viviendas y edificios y la mejora del entorno urbano, pese a que aún debe 95 millones de euros de planes anteriores a unas 25.000 familias de la región, en algunos casos desde el año 2001, como ha publicado 20minutos.

En total, el Gobierno regional ha anunciado que destinará casi 44 millones de euros a subvencionar reformas para unas 3.000 viviendas y 700 comunidades de propietarios, según cálculos del Ejecutivo que encabeza Cristina Cifuentes. A finales de mayo, la Comunidad comunicó la aprobación de una partida de 14,1 millones de euros para rehabilitación edificatoria. Posteriormente, el Ejecutivo regional aprobó destinar 29,8 millones a planes de rehabilitación de edificios, viviendas y entorno en varios barrios de la capital (Barrio del Aeropuerto, Colonia Experimental de Villaverde o la UVA de Hortaleza) y otros de Móstoles, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y la Mancomunidad Sierra Norte. La cuantía máxima es de 11.000 euros por vivienda o el 35% del coste final de la obra.

Este dinero procede del Plan de Rehabilitación Estatal 2013-2016, al que la Comunidad de Madrid se sumó a finales del año pasado –fue la última región en hacerlo– y por el que ha recibido del Ministerio de Fomento unos 71 millones de euros. Los planes de vivienda y rehabilitación estatales los diseña el Gobierno y los ejecutan las Comunidades Autónomas, que son las encargadas de tramitar y repartir las ayudas. Estos programas preveían en anteriores convocatorias subvenciones de hasta un 60%, repartidas entre la administración estatal (40%) y la regional (20%). El 40% restante de la inversión corría a cargo del solicitante.

Bajo estas condiciones, miles de familias se endeudaron y solicitaron créditos para hacer frente a su parte del pago. Quince años después, 25.288 familias siguen esperando su subvención: 6.500 del plan de rehabilitación 2001-2004, 12.000 del plan 2005-2008 y 6.788 del programa 2009-2012, según datos facilitados por el PSOE.

En concreto, a estas familias les deben 85 millones de euros procedentes de los planes estatales transferidos al Gobierno regional que no han llegado porque se han gastado en otras prioridades, como reconoció públicamente Pablo Cavero, exconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda y actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. A este dinero habría que añadir 10 millones de los planes regionales de rehabilitacion para la instalación de ascensores que también están pendientes. En total, hay pendientes 95 millones.

Ya saben que no cobrarán

Las 25.000 familias afectadas ya saben que de ese dinero no cobrarán un euro, como han reconocido a este medio fuentes de la Consejería de Vivienda. «No es porque no queramos sino porque hay jurisprudencia que indica que no procede realizarlo. Sería ir contra las resoluciones judiciales», han afirmado. Sin embargo, no han aclarado cuáles son concretamente esas resoluciones.

El artículo 20 de la Ley 4/2012, impulsada por la expresidenta regional  Esperanza Aguirre  (2003-2012), permite el impago de las citadas subvenciones. En el mes de enero, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, comunicó de forma definitiva por carta a la  Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) la imposibilidad de derogar la citada ley. En esta misiva la presidenta aludió a razones económicas: "Confío en que comprenda que en este momento no estamos en disposición económica ni contamos con los fondos necesarios para derogar el mencionado artículo ni ninguno de los que integran dicha Ley".

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