El Tribunal Supremo ha avalado en una sentencia el decreto que obliga a las televisiones privadas a dedicar un 5% de sus ingresos a financiar producciones cinematográficas europeas y españolas.

El decreto avalado regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles.

La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) había solicitado su nulidad en un recurso que ha sido desestimado por el alto tribunal.

Antes de resolver el recurso, el Tribunal Supremo planteó, el 18 de abril de 2007, una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, posteriormente, el 9 de diciembre de 2009, una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia no se opuso a la adopción de medidas como la cuestionada y concluyó que no se trata de una ayuda del Estado en beneficio de la industria cinematográfica.

El Tribunal Constitucional (TC), en marzo de 2016, consideró acorde con la Constitución la citada norma, en respuesta a la consulta del Supremo, que ahora ha aplicado su doctrina.

"La libertad de empresa no es un derecho absoluto" y el fin de la norma cuestionada, que ya fue validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es legítimo, respondió el TC al Supremo.