La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha expuesto este martes en la Comisión de Política Social de las Corts algunas de las medidas puestas en marcha para combatir el "maltrato" a las personas en situación de dependencia y ha manifestado que espera que en 2018 esté ya totalmente "consolidado" un sistema que comience a cumplir" con la ley de autonomía personal que ha sido "incumplida" por el PP durante una década.

Ha asegurado que hasta llegar a ese punto, la "travesía" va a ser difícil pero "dará sus frutos", y ha incidido en que "no es igual construir una casa en un solar limpio que encontrarse una ruina y tener que quitar escombros y sostener el sistema" al mismo tiempo.

En todo caso, ha recalcado en que su departamento trabaja para reparar moral y económicamente a las "víctimas de unas políticas que dejaron por el camino a miles de personas" de colectivos especialmente vulnerables, a quienes ha pedido perdón en nombre de la Generalitat por ese "maltrato".

En relación al copago, Oltra ha recordado que se eliminó en los centros diurnos tanto para mayores como para personas con diversidad funcional, de lo que se han beneficiado

4.569 personas y ha permitido que desde enero hayan vuelto a estos centros 83 personas, el 30 por ciento del total que los abandonaron al no poder hacer frente a ese "copago confiscatorio".

En el caso de los centros residenciales, ha destacado que se ha aumentado la cantidad de dinero que se deja en manos de los usuarios para evitar que la vida en una residencia sea "como en un centro penitenciario" y se han visto beneficiadas 12.482 usuarios. Además, estas personas también han recuperado el derecho al cobro de las pagas extra.

También se ha referido a la voluntad del Consell de aumentar el número de trabajadores encargados de evaluar la situación de dependencia y de trasladar esta actividad al ámbito local y comarcal, un modelo sobre el que el PP ha mostrado sus "serias dudas" de que pueda funcionar, tras negar al mismo tiempo que el edificio "estuviera en ruinas".

La consellera ha recordado que cuando llegó al cargo había 18 valoradores en toda la Comunitat y que estas valoraciones se hacían "de espaldas a los equipos municipales". Había, según ha recalcado, una "red paralela para poder contratar a gente muchas veces sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

INGENIEROS VALORANDO DEPENDENCIA

Además, ha subrayado que ha habido valorando el grado de dependencia "ingenieros agrónomos o titulados en Geografía e Historia", cuyo perfil no se acerca "ni de lejos" al exigido, y ha recordado que se generó un tapón de 45.000 personas pendientes de valorar.

Oltra ha señalado que el plan de implantación de valoradores en los servicios municipales ha comenzado este año en la provincia de Alicante, con 2,3 millones de euros previstos para financiar 106 trabajadores de 45 servicios municipales y nueve trabajadores sociales para asesoramiento y apoyo en el ámbito comarcal. Este plan, ha dicho, se implantará el año que viene en Valencia y Castellón, y ha avanzado que en una segunda fase se incorporarán equipos multidisciplinares con perfiles profesionales sanitarios para que la valoración sea más ajusta.

Según ha dicho, es consciente de que es un proceso de transición "difícil" tanto para su Conselleria como para los municipios,

a los que ha agradecido su implicación. También ha defendido el fin de las encomiendas de gestión por las que trabajadores del IVAS se encargaban de realizar la tramitación de los expedientes porque suponía cesión ilegal de trabajadores y, además, estos deben ser tramitados por funcionarios.

Ha explicado que estos puestos se han cubierto con funcionarios interinos procedentes de la bolsa y entre enero y junio se han resuelto 7.258 expedientes, unos 1.200 al mes.

RETROACTIVIDAD

Por último, la consellera se ha referido al pago de la retroactividad de las ayudas por la prestación de servicios de cuidador no profesional, desde el momento de la solicitud y no de la resolución del expediente, y ha explicado que en marzo se pagaron 28 millones de euros a 5.914 personas para poner al día esta retroactividad, que el anterior Consell planteó pagar en cuatro anualidades a los afectados.

Asimismo, ha destinado 8,7 millones para pagar la deuda de la administración con 1.712 familias de personas que murieron sin cobrar la totalidad de la deuda aplazada por este concepto, simplificando el proceso para solicitarla.