En este sentido, el Colegio recuerda que desde julio de 2015 han estado informando a la Delegación, que es la responsable de la gestión de este centro, de los "incumplimientos sistemáticos" del Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIES (aprobado en marzo de 2014), según informó el colectivo en nota de prensa.

Al respecto, explican que el reglamento incorporaba una serie de derechos y garantías que "no se están respetando", entre los que se encuentran que los internos "siguen sin tener acceso a una asistencia sanitaria pública permanente", así como que el CIE "tampoco cuenta con profesionales de trabajo social que los puedan asesorar en sus derechos básicos, ni servicios de asesoría jurídica" o el "deterioro" de las infraestructuras porque Barranco Seco fue una prisión que "se quedó obsoleta", lo que "impide que los internos puedan recibir visitas en condiciones".

Asimismo, señalan que les consta que el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, responsable de la tutela jurídica del CIE de Barranco Seco, "se ha informado y ha denunciado públicamente esta vulneración de los derechos básicos de las personas".

Al respecto, indican que en respuesta al pronunciamiento de este juzgado, "el propio Ministerio del Interior ha reconocido que incumple el Reglamento de los CIE por las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige" pero critican que el Gobierno central prevea la creación de tres nuevos centros, ninguno de ellos en Las Palmas de Gran Canaria, ya que se construirán en Algeciras, Málaga y Madrid.

Por ello, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ante la situación del CIE de Barranco Seco y la "nula voluntad política" para cambiar la situación, consideran que en Canarias "hay razones para decir que deben cerrarse los CIES porque vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos de las personas internadas, además escasea el acceso a los servicios básicos".

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