A raíz de esta sentencia del mes de marzo, la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ya ha adaptado su normativa a tal efecto, razón por la cual, tal y como ha explicado Javier Lozano de ACIP, "ya no se puede soltar ni carpa ni trucha arcoíris en los cotos".
Esto, ha detallado, "acarrea problemas a nivel económico y laboral". "Hemos pedido reuniones a la Consejería y todavía estamos esperando a que nos reciba. Conocen los problemas, y para ellos pedimos que donen de presupuesto a los cotos para minimizar los daños de esta medida" hasta que se modifique la ley estatal que impide la suelta de estas especies.
En su opinión, la Consejería "no es culpable pero sí responsable" de solucionar los problemas que acarrea esta decisión.
"No entendemos la situación. Esperamos que de forma urgente se pueda dotar de presupeusto para paliar los daños", ha dicho Lozano, lamentando que Castilla-La Mancha haya sido "la primera región en aplicar la orden del Ministerio pese a que tenía dos meses para hacerlo".
A cambio de esta dotación presupuestaria que reclaman desde los cotos intensivos, se comprometen a realizar labores para la administración, tales como vigilancia o labores antiincendios.
De otro lado, Antonio Crespo, de la Plataforma en Defensa de la Carpa, ha dicho que esta orden es "cruel" con esta especie, ya que no se puede soltar "bajo multa". "Somos el único país donde se quiere erradicar, mientras en otros países europeos la protegen porque es fuente de riqueza", ha asegurado, alertando de que están en peligro 110.000 licencias de pesca.
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