Dos inspectores y una letrada municipal no han podido acceder este lunes al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona al no permitírselo la policía del centro, que reabrió el pasado jueves tras ocho meses en obras y pese a la orden de cese de actividad del Ayuntamiento, han asegurado este lunes fuentes municipales a Europa Press.

Los dos inspectores de licencias del distrito de Sants-Montjuïc y la letrada han llegado al CIE sobre las 13.00 horas para comprobar que el centro no opera como tal y no tiene internos, después de que el Ayuntamiento emitiera una orden de cese de actividad por no contar con la licencia correspondiente ni las medidas de seguridad adecuadas.

Las mismas fuentes han avisado de que, siguiendo el procedimiento, volverán a intentar que los inspectores puedan entrar en el centro para inspeccionarlo y que, si no se les permite el acceso, pedirán una orden judicial para el precinto de las instalaciones.

Han asegurado que este segundo intento para inspeccionar el CIE y comprobar si hay internos en el centro se llevará a cabo durante los próximos días, y han resaltado que este es el procedimiento habitual cuando se tiene sospecha de que una actividad que ha recibido el orden de cese vuelve a operar sin la licencia adecuada.

El teniente de alcalde Jaume Asens advirtió el jueves de que inspeccionarían el CIE y que, si comprobaban que volvía a operar como tal, plantearán imponer multas coercitivas o incluso ordenar el precinto de las instalaciones por no disponer de la licencia ni de las medidas de seguridad pertinentes.

Pulso entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno estatal en torno al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la ciudad, situado en la Zona Franca. Este jueves el equipo municipal de Ada Colau ha anunciado que ha emitido una orden de cese de su actividad porque no tiene la licencia pertinente ni cumple con las normas de seguridad contra incendios, y este mismo jueves, el Ministerio del Interior lo ha reabierto, después de haberlo tenido cerrado desde noviembre de 2015 por obras de acondicionamiento.

Para ello, el CIE ha avisado de su reapertura a los juzgados de Instrucción 1 y 30 de la capital catalana, al Fiscal de Extranjería y al juez decano barcelonés. Lo ha explicado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Catalunya, que también ha señalado que la resolución del consistorio será recurrida por los servicios jurídicos del Estado.

Tras cerciorarse de la reapertura, el teniente de alcalde Jaume Asens, la ha calificado de "provocación" y ha recordado al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que "las leyes se tienen que cumplir y la normativa municipal también". Además, ha avisado de que el Ayuntamiento aplicará medidas coercitivas, como multas o el precinto del centro, y no ha descartado solicitar una orden judicial para su cierre.

Horas antes de que el Ejecutivo central anunciara que el centro se había reabierto, Asens ha comparecido para explicar la decisión municipal de ordenar el cese de su actividad. Entonces solo ha contemplado dos formas de que este se pudiera poner en marcha sin represión del consistorio: que se acogiera a la legalidad –ante lo que ha dicho que el gobierno barcelonés "no tendría potestad" para impedir su reapertura– o que el Ejecutivo presentara un recurso contencioso administrativo que se resolviera a su favor–para lo que, por motivos legales, ha afirmado, deberían pasar meses–. Sin embargo, el CIE  ha vuelto a ponerse en funcionamiento sin que se hayan dado estas condiciones.

Asens ha recordado que el centro cerró en noviembre de 2015 para hacer actuaciones de acondicionamiento después de que los jueces de control de los CIEs le obligaran a ello. A raíz de una inspección municipal cuando el centro solicitó el permiso de obras, el Ayuntamiento detectó que este aún no disponía de la licencia correspondiente, algo que ya se le había requerido en 2004, después de que dejara de ser una comisaría para convertirse en CIE. Su licencia, ha denunciado Asens, corresponde a la de "dependencias generales de la dirección general de la Policía".

El consistorio detectó, asimismo, que el centro no cumplía las normativas de seguridad contra incendios –algo que no se ha solucionado con las obras– y ante estas dos irregularidades, el pasado abril le abrió un expediente y ofreció a Interior un mes para legalizar el CIE, lo que no se hizo. Esta situación le fue de perlas al gobierno de Colau, contrario a la existencia de los CIEs, para ordenar el cierre del de la Zona Franca.

Asens ha recordado que en este tipo de centros se retiene a extranjeros irregulares antes de que sean devueltos a su país y ha considerado que "internar a una persona por una falta administrativa es un atentado contra los derechos humanos".

Ha dicho, también, que "en los ocho meses que el CIE lleva cerrado se ha demostrado su falta de utilidad porque se han adoptado medidas alternativas mientras se tramitan los procedimientos de expulsión" y ha denunciado que "el 60% de los internados" son encerrados injustificadamente porque finalmente no resultan ser expulsables.

Además, ha recordado que existe un mandato del Parlament y del pleno municipal de hacer todo lo posible para que el centro no funcione y ha anunciado que técnicos del Consejo de Europa lo visitarán en septiembre para comprobar si respeta los derechos humanos.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha dicho a través de Twitter que la orden de cese supone "avanzar en la defensa" de estos derechos y la Generalitat ha instado al Gobierno a no reabrir el CIE y a aplicar medidas legales alternativas al internamiento de los extranjeros sin papeles.

Por su parte, las entidades de la plataforma Tanquem els CIEs, SOS Racisme y MigraStudium, han celebrado la decisión municipal y han mostrado su "rechazo" ante la reapertura del centro.

Los trabajos de acondicionamiento del CIE, de  354.603 euros, han comportado la instalación de aseos en sus 46 habitaciones y de medidas de seguridad en las literas, la modificación del espacio para los servicios médicos y el refuerzo de un muro.

El Síndic de Greuges investiga si las obras han revertido las faltas que llevaron a cerrar el CIE.