Así consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que se continúan las diligencias, además de contra el que fuera designado por la Consejería de Innovación de la Junta, contra el director del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) Felipe Romera; contra el que fuera rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), Juan Manuel Suárez Japón, y otras tres personas más, vinculadas a la fundación o a la tramitación de las ayudas.

Asimismo, el juez dispone que se dé traslado al fiscal y otras acusaciones para que presenten calificación y pidan la apertura de juicio oral o soliciten el archivo, apuntando que los hechos podrían ser constitutivos de delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. En esta resolución, que se puede recurrir, se acuerda el sobreseimiento provisional respecto de cinco personas que han sido investigadas en esta causa, que comenzó en 2013.

En estas diligencias se han investigado las ayudas públicas para el proyecto del Cibic, recibidas por distintas administraciones, como el Ministerio de Educación y Ciencia, luego el de Ciencia e Innovación; así como de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. Para el instructor, "se aprecian indicios de criminalidad sólidos y suficientes para pasar a la fase intermedia del procedimiento".

La Fibic se constituyó en 2007 y decidió llevar a cabo el Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano (Cibic) a modo de sede en unos terrenos ubicados en el PTA en la capital malagueña. La obra se adjudicó y en 2008 comenzaron los primeros movimientos de tierra, aunque se paralizaron. El juez precisa que "ha quedado patente" el uso del lenguaje para solicitar las subvenciones lo que "dificulta en gran medida el conocimiento del coste total y real del proyecto".

En el auto se indica que la Intervención General de la Administración del Estado hizo un primer informe en 2010 de control de operaciones, apreciando irregularidades en relación con este caso, como la existencia de "un exceso de ayudas" para el proyecto y el "incumplimiento del principio de concurrencia" exigido por la normativa en materia de contratación de las obras; lo que llevó a iniciar el proceso de reintegro de unos 5,8 millones de euros.

A raíz de los problemas por la construcción y financiación del edificio, la situación de la Fundación llegó a ser "crítica", dice el juez, momento en el que se decidió por los responsables solicitar una subvención excepcional por 11,5 millones de euros y un préstamo a la Junta de Andalucía, pero al órgano fiscalizador se envió una memoria económica modificada "para evitar que tuviera conocimiento de la totalidad de financiación pública obtenida".

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