El Defensor del Pueblo afirma que el Ayuntamiento de Santander no ha actuado con "arbitrariedad" o "alejamiento de los intereses generales" en lo relativo a la actuación urbanística en el barrio de El Pilón, que no ve "ni ilegal" ni tampoco "irregular".

"No puede afirmarse que la Administración municipal haya obrado con arbitraridad o alejamiento de los intereses generales a que debe servir", se afirma en un documento remitido el pasado 7 de junio a los afectados en el que el Defensor del Pueblo da respuesta al escrito de queja presentado en agosto de 2015.

En el documento, firmado por el adjunto primero del Defensor del Pueblo, Francisco Fernández, se señala que "no puede ponerse en duda que la ordenación urbanística es una prioridad para el Ayuntamiento y parece ser la más adecuada a las exigencias del interés general, que es el que en todo momento debe prevalecer en cualquier actuación urbanística".

"No es posible que los derechos de los particulares o las discrepancias de determinados ciudadanos puedan impedir que se trace el modelo territorial pretendido, siendo el interés general de la comunidad el que debe prevalecer".

Por ello, "aun cuando entiende "comprensible" la discrepancia de los afectados, afirma que, "si la Administración cumple los trámites previstos en la normativa urbanística para elaborar los instrumentos de planeamiento, no es posible considerarla existencia de una actuación irregular ni ilegal".

Por otra parte, en el informe del Defensor del Pueblo se señala que en el PGOU anterior al actual -en el de 1997- ya se "preveía" que esta zona de Santander "debía someterse a un proceso urbanístico".

Además, afirma que en el PGOU está previsto el desarrollo del sistema de compensación, lo que -dice- "atribuye a los propietarios el protagonismo y la iniciativa de la actuación".

En este sentido, apunta a que la propiedad mayoritaria de la actuación ya ha iniciado el procedimiento y ha presentado en el Ayuntamiento el proyecto de bases y estatutos de la futura Junta de Compensación y señala que en dichas bases se incluye el compromiso del promotor de asumir la carga del realojo de los afectados por esta actuación urbanística.

En este asunto, el Defensor del Pueblo da la razón al Ayuntamiento cuando sostiene que el deber jurídico asumido tiene "fuerza vinculante" y por ello "habilita" a esta Administración a "imponer" la "observancia" de este compromiso y exigir que se concreta en cada afectado de El Pilón.

También coincide con el Consistorio en el que el área específica que engloba esta zona cuenta con "unos parámetros de edificabilidad y densidad superiores a los reconocidos en otras áreas del suelo del municipio con el fin de compensar las mayores cargas allí presentes".

En el informe, el Defensor del Pueblo se indica que "tampoco parece que el Ayuntamiento no haya prestado apoyo a los vecinos" y, como prueba lude al grupo de trabajo creado en el que están técnicos municipales del Servicio de Urbanismo; la Dirección jurídica municipal; representantes de todos los partidos políticos con representación en el Consistorio, y representantes de los vecinos.

Señala que el Ayuntamiento ha contestado a las cuestiones planteadas por los afectados y dice también que no advierte "pasividad municipal ni la indefensión que denunciaban" los afectados.

UN 'PERO' AL AYUNTAMIENTO

A pesar de ello, el Defensor del Pueblo apunta en que hay una cuestión a la que no ha dado respuesta el Ayuntamiento de las que le ha solicitado.

Concretamente, se explica que el Defensor del Pueblo instó al Consistorio a precisar cómo había dado cumplimiento a una moción que se aprobó en agosto de 2015 en un Pleno -según se indica por unanimidad- en la que se instaba al alcalde, Íñigo de la Serna, y al equipo de Gobierno (PP) a que, en 20 días y en todo caso antes del 25 de septiembre de 2015, se llegara a un acuerdo con los vecinos afectados o que se realizasen "los trámites y procedimientos legales oportunos para suspender temporalmente el desarrollo del área específica" en cuestión.

En este sentido, el Defensor dice que la petición "no fue atendida" por el Ayuntamiento en el informe remitido.

Por ello, el Defensor del Pueblo señala que ha solicitado al Consistorio que informe sobre los "avances" que se hayan producido en estos mees es en la gestión urbanística del ámbito y, de nuevo, las medidas adoptadas para dar cumplimiento de dicha moción.

Así, el Defensor del Pueblo se compromete a que cuando reciba respuesta dar cuenta a los afectados del contenido y de las actuaciones que procedan.

En su informe, el Defensor del Pueblo aclara que la institución "no puede ni debe entrar en cuestiones técnicas", tales como la adecuación de determinadas soluciones urbanísticas o constructivas a un concreto supuesto de hecho, sin más excepción que aquellos casos en que se opta manifiestamente por una solución arbitraria o contraria a los intereses generales, que -dice- "no es el caso".

Además señala que "no puede conseguir que el Ayuntamiento resuelva y atienda su solicitud, y aún menos "conseguir el rechazo de las determinaciones concretas que prevé el PGOU de Santander, aprobado, según recuerda, hace años.

Aclara también que es función del Defensor del Pueblo "proponer, recomendar o sugerir a las Administraciones determinados modos de actuación, pero en modo alguno sustituirlas".

VALORACIÓN DE LOS VECINOS DE EL PILÓN

Al hilo de este informe, la Plataforma de Afectados de El Pilón, en un comunicado de su abogado, se queja de que el Defensor del Pueblo "da por buena la versión de los hechos expuestas por el Ayuntamiento sin analizar en ningún momento si el contenido de dicha versión se corresponde con la realidad".

Además, para los vecinos, la respuesta del Defensor del Pueblo "no da respuesta" a los temas planteados y "graves cuestiones" planteadas por los vecinos en su queja.

Además de censurar el retraso en recibir este informe, y culpar "en gran medida" al Ayuntamiento de Santander por retrasarse, supuestamente, en el envío del expediente al Defensor del Pueblo relativas a las "consecuencias sociales del planeamiento urbanístico que se pretende ejecutar por encima de sus derechos constitucionales", algo que considera "decepcionante".

"La respuesta del DP se limita a constatar que la actuación del Ayuntamiento respeta formalmente la legislación vigente en cuanto a los procedimientos de tramitación del Plan, pero no analiza la vulneración de derechos que se derivará de esta actuación urbanística formalmente correcta" cuando -dice el abogado- es precisamente esa vulneración de sus derechos "lo que los vecinos manifestaron y razonaron" en su queja.

Respecto a la atención del Ayuntamiento a los vecinos, la Plataforma señala que éstos "vieron rechazadas sin respuesta sus alegaciones al Plan General" y no obtuvieron "respuesta escrita y formal" a las cartas personales y abiertas a De la Serna y al concejal de Urbanismo, César Díaz, "solo declaraciones en la prensa plagadas de medias verdades y muchas mentiras".

Critica la Plataforma que el adjunto al Defensor del Pueblo "se cree, sin cuestionar nada, la versión municipal y como, aparentemente, se han respetado las "formalidades" del procedimiento, llega a la conclusión de que el ayuntamiento actúa en función de los "intereses generales" y no ha cometido ninguna arbitrariedad".

Para la Plataforma, esto "pone en evidencia" que se vive "bajo el poder de las formas, de las apariencias, de los procedimientos sobre el fondo real de los problemas, sobre los derechos de las personas".

Lamentablemente, el resultado final es que los derechos reconocidos en la Constitución, se convierten en papel mojado frente al poder real del dinero.