Alcalá fue condenada a dos años de prisión por un delito de fraude y a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público; pero cuenta con 64 sentencias condenatorias anteriores por distintos delitos, sobre todo de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio, según el historial penal que le consta a la Sala.

Así, el Tribunal recuerda en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, notificada esta semana, que para la suspensión de la pena es necesario que el condenado haya delinquido por primera vez, que la pena no sea superior a los dos años de cárcel y que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se le hubiesen impuesto.

En el caso 'Malaya', la Sala ha venido manteniendo el criterio de sustituir por el pago de una multa las penas de prisión de menos de dos años de cárcel; pero en este caso se indica que esa "amplia" hoja histórico penal que tiene la exedil "desaconseja" la concesión de este beneficio procesal, sin perjuicio de la refundición de penas que pueda realizarse.

Se reitera, como en otros autos, que los hechos enjuiciados en el caso 'Malaya' supusieron "un gravísimo perjuicio para las arcas municipales" de Marbella, que "resultaron esquilmadas, generando a sus habitantes un endeudamiento millonario al que ahora deben hacer frente y que se desarrolló en un ámbito generalizado de corrupción municipal, hasta el punto de que hubo que disolver el Consistorio".

Asimismo, se señala "los numerosos supuestos de corrupción política en que se ha visto envuelta la sociedad española en los últimos tiempos hasta el punto de generar un clima de indignación generalizada de los ciudadanos", lo cual el Tribunal "tiene que tener en cuenta a la hora de hacer cumplir las penas impuestas en esta causa".