La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), más conocida como Selectividad, llega a su fin después de 40 años en los que ha madurado como un sistema de ordenación que ha buscado la equidad y la objetividad y que ha tratado de ser un elemento para la igualdad de oportunidades de millones de jóvenes. La prueba que nació en España con la “Ley Esteruelas” de 1974 comenzó a andar un curso después y se ha mantenido hasta hoy con diversas reformas que no han alterado su espíritu inicial.

Sin embargo, a lo largo de los años ha ido adquiriendo nuevas funciones y ha servido de palanca de calidad y homologación de los estudios de Secundaria o de instrumento para garantizar que los jóvenes accedieran a los estudios sin favoritismos, como explica el profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Francisco Javier Fernández Vallina, que durante décadas ha formado parte de los tribunales de la PAU y con quien repasamos los hitos de la mítica prueba que está a punto de decir adiós, al menos como ahora la conocemos.

Fernández Vallina señala que las pruebas de la Selectividad han ido ganando con el tiempo en garantía de objetividad y conocimiento, en elementos objetivos de lo que se llegó a llamar “un anonimato hasta donde se pueda”. Se estableció así un proceso y un anonimato por el que el profesor no sabía a quién corregía, para no permitir ningún tipo de favoritismo. Y se fue consolidando en cuanto a qué computaba, cuánto valía cada parte del ejercicio o el umbral de exigencia. El profesor destaca la importancia de asegurar el anonimato, “porque si conoces al estudiante o el colegio el sesgo es evidente”.

Entre los hitos fundamentales que han marcado la Selectividad hasta hoy, el profesor recuerda que, aunque no se recogía expresamente en la legislación, lo que hizo el Decreto de 1987 fue avanzar hacia una homologación de la Enseñanza Secundaria. Exigía que cada instituto y colegio que impartiera Bachillerato se fijara en el modelo de las pruebas para conseguir los mejores resultados, “y eso tiraba hacia arriba de la calidad del Bachillerato”, además de que evitaba la práctica de inflar notas durante esta etapa.

Pronto, el resultado fue que un porcentaje significativo de alumnos no aprobaba el Bachillerato si no iba a aprobar la prueba de acceso. “En COU se trabajaba en la preparación de la prueba, a los que no estaban preparados no se les aprobaba, para no dar mala imagen del colegio, y esa constante ha permanecido y ha aumentado”. El examen que nació como prueba para decidir quién accedía a la Universidad se convirtió progresivamente en una prueba de homologación, objetiva, garantía de acceso en igualdad, “una prueba que tiraba a su vez del sistema educativo”.

Al principio la universidad hacía la prueba directa y mayoritariamente, con la única participación de un miembro del Bachillerato. Hasta los tribunales eran de la universidad, y esto subsiste en la composición actual del tribunal, porque la presidencia corresponde a la universidad (en concreto al rector, que normalmente delega en un vicerrector) y el secretario también es profesor de universidad. La composición de cada comisión es mixta y corrigen profesores de universidad y Bachillerato. Se ha llegado, de este modo, a un trabajo conjunto entre los sistemas educativos autonómicos y la Universidad, que dirige la prueba pero con tribunales mixtos.

Con un incremento exponencial del número de alumnos, que pasaron de 600.000 o 700.000 en la década de los 80 a un pico de 1,7 millones en los 90, sirvió como un instrumento de ordenación para determinados estudios, “por fortuna con una objetividad muy grande porque sólo había el criterio de la nota”. Algunas facultades tenían autonomía para establecer números clausus, y el sistema le enviaba a los primeros con mejores resultados. El aumento de la demanda hizo que un mayor número de titulaciones limitaran sus plazas. Sin embargo, se logró un sistema de ordenación muy equitativo respecto a las condiciones socioeconómicas de los aspirantes.

La Selectividad también ha sufrido cambios en las materias y la estructura a lo largo de las décadas. Hasta finales de los 80 carecía de prueba del idioma (todavía no tiene oralidad) y por mucho tiempo constó de dos partes. De dos asignaturas se pasó a tres y en la última reforma a cuatro en la parte común, a la que se añadía una parte específica que sumaba para acceder a las facultades con una nota de conjunto. Llegados a 2010, “la prueba era buena en equidad, pero la adecuación del chico para los estudios era menos precisa”, explica Fernández Vallina, quien recuerda que se introdujeron algunas mejoras en todos los criterios. Así se decidió que los alumnos pudieran ir a un grupo de carreras homogéneo en lugar de ir directamente a una carrera en concreto.

La última reforma consistió en dividir los exámenes en una parte genérica y una específica, que sirviera de ayuda para entrar, por ejemplo, en el ámbito de las Ciencias Biomédicas, en función de la nota obtenida. La puntuación pasa así a un máximo de 14. “Hay cuatro asignaturas comunes y los chicos eligen por bloques, con flexibilidad. La competencia es mayor pero no dirige exactamente a una sola carrera”. Progresivamente cada vez más gente ha ido aprobando los exámenes, con porcentajes que llegan al 95%. “Dejar escoger tiene un efecto positivo pero ¿están los estudiantes mejor preparados globalmente?”, se pregunta el profesor.

La Selectividad ha ido aumentando en intensidad, ha mejorado en objetividad, “el chico sabe cuánto vale cada pregunta, qué criterios se valoran y hasta donde puede llegar, puede permitirse el lujo de prepararse las preguntas que más valen, sabe bien cómo preparar la prueba”. Pero esto tiene el riesgo de convertir el Bachillerato en un curso preparatorio de la PAU, en lugar de la Universidad. Hasta la década de los 90, cada universidad hacía su propia prueba, y ha terminado siendo la misma para todas las universidades de cada comunidad autónoma. Con ellas se puede ir a cualquier universidad de España, aunque la media puede ser muy diferente en los distintos territorios.