La cifra de lanzamientos practicados ha bajado en catorce de las 17 Comunidades Autónomas, y especialmente en las de Cantabria, el País Vasco y Madrid, donde la caída fue superior al 20 por ciento. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en Castilla y León en el primer trimestre de 2016 fue de 407, un 36,3 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior. Se trata de la cifra la más baja de las registradas desde 2008, según los datos difundidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El número de concursos presentados en la comunidad en el primer trimestre del presente año fue de 87, un 55,4 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2015.

En este capítulo, debe tenerse en cuenta que, en virtud del cambio

introducido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, la competencia para los concursos de las personas naturales no empresarios ha pasado a corresponder a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

Por tanto, para el cálculo de la evolución interanual de los concursos se ha tenido en cuenta la suma de los concursos presentados en estos órganos judiciales -22 en el primer trimestre de 2016- y de los 65 presentados en los Juzgados de lo Mercantil.

En Castilla y León, las 1.389 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en el primer trimestre de 2016 supusieron un descenso del 6,3 por ciento respecto a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

Los Juzgados de lo Social de la comunidad registraron en el primer trimestre del presente año 1.498 reclamaciones de cantidad, un 30,6 % menos que en el primer trimestre de 2015.

El informe señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre del año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción de la comunidad fueron 6.463, lo que supone una disminución del 30 por ciento respecto al mismo periodo de 2015.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.