Cuestión que, seguramente y como al resto de ciudadanos, no les importaría demasiado si no fuese porque una treintena de familias no podrá regresar a sus hogares hasta que el nuevo ordenamiento no tenga el visto bueno de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León.Tal y como ya ha explicado

El Ayuntamiento envió a principios de años el nuevo ordenamiento a la Junta para obtener la aprobación municipal, pero la Consejería de Fomento devolvió hace una par de semana el PGOU al Ayuntamiento para que corrigiese algunos aspectos y ampliase la información de otros.

Y aquí surgió la polémica. El Equipo de Gobierno del Consistorio capitalino asegura que la Consejería de Fomento está torpedeando el Plan General y critica que le exija información que no ha solicitado a otras ciudades, concretamente, sobre el Plan Especial de Reforma Interior del soterramiento del tren.

De hecho, el alcalde de la ciudad, Heliodoro Gallego, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Castilla y León exigiéndole que dé orden a sus Consejerías para que dejen de obstaculizar el proyecto del soterramiento.

La Delegación Territorial de la Junta en Palencia acusa al alcalde de ineficaz y culpa al Ayuntamiento de haber presentado un PGOU plagado de errores. Hoy mismo, los procuradores del PP por Palencia han saltado a la palestra para insistir en la crítica al Equipo de Gobierno capitalino.

Mientras, se ha sabido que el funcionario de la Diputación Provincial de Palencia (PP) en la Comisión Técnica que analizó el PGOU fue quien propuso volver a sacar a información pública el ordenamiento al haber introducido la modificación urbanística en Gaspar Arroyo que permitirá construir la cinco alturas y no las tres obligadas en la actualidad.

En la práctica, esa propuesta podría retrasar medio año más el proceso de aprobación del planeamiento.

Amenazan con movilizaciones

Los vecinos afectados por la explosión de Gaspar Arroyo asisten hartos a este intercambio de comunicados, ruedas de prensa y declaraciones.

El pasado viernes se reunieron, manifestaron públicamente su malestar y amenazaron con tomar medidas de protesta más drástica si no se llega soluciona esta solución.

No están dispuestos, dicen, a que treinta familias que lo han perdido todo tengan que esperar a tener un hogar por intereses políticos que ni les van ni les viene.

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