Asimismo, ha dejado claro que "no tiene que formular ninguna objeción" hacia el auto del TSJA, pero ha dejado claro que ese auto "no dicta un sobreseimiento libre, que determinaría el archivo definitivo de las diligencias, sino el sobreseimiento provisional" con respecto a Ramírez de Arellano.

El TSJA ha emitido un auto donde archiva las diligencias abiertas contra el consejero al considerar que "no existen indicios suficientes" de la comisión de los delitos de prevaricación y falsificación en la adjudicación del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Hispalense (Centrius) cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

En una nota remitida a Europa Press, el Colegio de Arquitectos de Sevilla ha manifestado que el Colegio "cumple con la legalidad y el mandato de sus estatutos al exigir que se cumpla la Ley de Contratos de las Administraciones, que regula el uso del dinero público en la adjudicación de trabajos a empresas y profesionales".

En este sentido, ha asegurado que "constantemente ha defendido, y lo seguirá haciendo, la transparencia en el uso de estos fondos, y al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para que todos los profesionales tengan la posibilidad de aportar sus propuestas a las administraciones en las mismas condiciones".

Ha recordado que en el caso del Centrius, el Colegio reclama a la Universidad de Sevilla "conocer cómo se adjudicaron los contratos de arquitectura para la construcción del edificio, que ascienden en conjunto a más de 800.000 euros, entre proyectos y dirección de obras de las distintas fases de la construcción". Apunta que, tras las primeras reclamaciones, que datan de 2009, "no se ha podido conocer aún la totalidad del expediente, pese a una sentencia favorable del TSJA en 2013, por lo que el caso sigue abierto en la vía contencioso-administrativa".

Por esta razón el Colegio, el 27 de marzo de 2015, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla, "por presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público". El fiscal señaló como principal presunto responsable de los hechos al entonces vicerrector de Infraestructuras de la Universidad, Antonio Ramírez de Arellano. Cuando en julio de 2015 fue nombrado consejero de la Junta de Andalucía, el caso pasó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, "que realizó una amplia investigación,

y tras la misma presentó una denuncia ante el Alto Tribunal".

El auto emitido ahora por el TSJA desestima la acusación de la Fiscalía sobre Ramírez de Arellano, a lo que el Colegio "no tiene que formular ninguna objeción", ya que asegura que su intervención "se ha limitado a cumplir con su obligación de poner en conocimiento de la Justicia unos indicios de hechos delictivos, sin acusar a ninguna autoridad o corporación".

En este sentido, el Colegio de Arquitectos rechaza las críticas que le acusan de "promover una persecución contra servidores públicos", sino que su interés es que "se esclarezca si existen responsables, y quiénes son, de la adjudicación presuntamente irregular de los contratos en cuestión".

Ha dejado claro que el auto del TSJA "no dicta un sobreseimiento libre, que determinaría el archivo definitivo de las diligencias, sino el sobreseimiento provisional" con respecto a Ramírez de Arellano, pero "declara la existencia de hechos presuntamente delictivos, cuya autoría queda a la expectativa de conocer nuevos elementos, como puede ser el resultado de actuaciones sobre la averiguación de los autores".

CONFLICTOS CON LA UNIVERSIDAD

El Colegio ha dejado claro que "cumple con su obligación de promover el cumplimiento de la Ley ante todas las Administraciones y organismos, sean autonómicos, municipales, universitarios o de otro tipo, una labor en la que, en conjunto, el Colegio ha obtenido un nivel de sentencias favorables del 66 por ciento". De esta forma, deja claro que en el caso de la Universidad de Sevilla el Colegio "no ha actuado de forma discriminatoria, sino que ha aplicado la misma política".

Ha explicado que los conflictos con la Universidad de Sevilla "se han llevado normalmente

en los tribunales de lo contencioso-administrativo, ya que las reclamaciones chocan sistemáticamente con obstáculos y la falta de colaboración de la otra parte, que además aprovecha cualquier paso procesal a su favor para proclamar que la Justicia decide sistemáticamente contra el Colegio", algo que "no es cierto".

Así, apunta que "en unos asuntos se ha logrado una solución negociada y en otros la Universidad ha optado por el silencio administrativo, lo que ha provocado un conflicto, con resultados diversos". De esta forma, entre otros casos, dos reclamaciones relacionadas con las facultades de Educación y Odontología "fueron resueltas por acuerdo con la Universidad en 2006, y en 2012 el Colegio consiguió que la Universidad suprimiera el término 'Ingeniería de la Edificación' en una convocatoria para profesorado".

También el Colegio de Arquitectos reclamó en 2011 contra los concursos de ideas para los proyectos de los edificios de Escuela Politécnica y Facultad de Farmacia, "que entre otras cosas exigían en ambos casos un seguro de 400.000 euros a los arquitectos

concursantes, si bien el juzgado no lo consideró contrario a la Ley".

Ha añadido que en 2013 la Junta de Andalucía, como órgano arbitral, le dio la razón al Colegio "cuando reclamó a la Universidad de Sevilla por diversas infracciones en el concurso para reformar el complejo de las Escuelas de Arquitectura Superior y de Arquitectura Técnica".

El Tribunal Administrativo autonómico "suspendió cautelarmente el concurso y anuló la Mesa de Contratación de la Universidad". En 2015, el TSJA anuló la exigencia de un seguro de 400.000 euros que de nuevo se exigió a los concursantes, y finalmente el 16 de diciembre de 2015 la Universidad "desistió de la contratación, para que se volviese a realizar por los procedimientos adecuados".