La segunda jornada del juicio por la 'Operación Rey' ha arrancado este miércoles con la previsión de declaración de alrededor de una 30 de testigos sobre la supuesta adjudicación de contratación de obras y servicios públicos a empresas sin seguir los procedimientos reglados en la etapa de Juan José Díaz Valiño (PSdeG), en el ayuntamiento de Castro de Rei.

En su declaración, policías testigos en esta vista, que comenzó este martes con la declaración ante el juez suplente del propio Díaz Valiño, ratificaron, a preguntas de la Fiscalía, que existía una "trama" -como mencionó el Ministerio Fiscal- para evitar concursos públicos.

Esta operación, que investiga adjudicaciones de los años 2008 y 2009, sienta en el banquillo a ocho acusados: el exalcalde, Juan José Díaz Valiño, el teniente de alcalde Roberto Lorenzo (en aquel momento con Terra Galega y actualmente con el PP), dos exconcejales -Antonio Balado y Ana María Canto-, la secretaria municipal María José F., un ingeniero, un arquitecto y un empresario.

Los tres policías que participan en el juicio en calidad de testigos comparecieron por videoconferencia para explicar sus interpretaciones a partir de las conversaciones telefónicas que escucharon y transcribieron, y responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, la acusación particular y las defensas, según el caso a tratar.

A partir de las escuchas, apelaron a la existencia de una "trama para evitar concursos públicos de obras". Explicaron que el exalcalde y los miembros de su equipo de gobierno pretendían, conscientemente, que los presupuestos de las obras oscilase entre los 50.000 y los 200.000 euros.

De este modo, se evitaba la adjudicación directa para desarrollar un procedimiento negociado con el objeto de que las tres empresas invitadas "se pelearan" y presentaran la mejor oferta, en beneficio del Ayuntamiento, y evitar el concurso público, obligatorio a partir de los 200.000 euros.

Asimismo, consideraron evidente, según las conversaciones telefónicas, que miembros del equipo de gobierno -singularmente el alcalde Díaz Valiño y los concejales Balado, Canto y Lorenzo- decidían con antelación la empresa a la que querían adjudicar la obra para, seguidamente, pactar con el empresario las otras dos empresas a invitar.

En este sentido, se refirieron, a instancias del Ministerio Fiscal, a conversaciones entre el exalcalde y Roberto Lorenzo -quien sigue siendo hoy concejal (del PP) en Castro de Rei- y otras también entre Díaz Valiño y Antonio Balado en las que supuestamente hacían referencia a pactar con una empresa las otras dos a invitar al concurso.

EMPRESARIOS NEGARON LA MAYOR

No obstante, algunos de los empresarios que prestaron declaración como testigos negaron la mayo y señalaron que los constructores no tienen acceso al presupuesto de las obras antes de diseñarse el proyecto.

Algunos incluso advirtieron que no siempre se presentaron a los concursos a los que fueron invitados por no tener capacidad para un elevado número de obras simultáneas.

Uno de los testigos, propietario de una empresa, es el hermano de la exconcejala Ana María Canto, y reconoció que trabaja habitualmente para administraciones, pero negó que el gobierno de Valiño le ofreciera la obra del agua potable de la parroquia de Loentia, por algo más de 60.000 euros, antes de salir el concurso. Según su exposición, recibió una invitación sin que previamente lo advirtiesen del concurso.

Pese a admitir conversaciones telefónicas con el exalcalde, detalló que se referían a las obras que en ese momento su empresa ejecutaba para el ayuntamiento. Sobre algunos de los datos concretos de las llamadas en las que supuestamente se le instaba a aportar nombres de otras empresas para invitar a un concurso, dijo no acordarse.

Por otra parte, afirmó que nunca recibió trato de favor por parte de su hermana, la exconcejala Ana Canto, ni propuestas para presentarse a ninguna obra a través de ella.