De este modo, la Sala Segunda del Supremo estima parcialmente el recurso de casación presentado contra la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue recurrida sin éxito ante el TSJCyL.

El secretario municipal fue condenado en 2015, tras la celebración de juicio con jurado popular, por un delito de malversación de caudales públicos que cometió al apropiarse de una parte del pago, por importe de 14.990 euros, que el Ayuntamiento tenía que hacer a una empresa constructora por las obras en una calle del pueblo.

La sentencia estima uno de los motivos de su recurso de casación en el que alegaba que la pena de prisión que se le impuso era desproporcionada y que había sido modificada por la Ley Orgánica 1/2015.

El secretario también fue condenado a siete años de inhabilitación para cargo público.