Jiménez Miguel, hoy director territorial de Valladolid en Ade Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, ha reconocido que al llegar al puesto de director general de Ade Parques en 2008 recibió el encargo del consejero delegado de Gesturcal, Rafael Delgado, de adquirir terrenos para uso industrial, dentro de un plan estratégico de la Junta firmado por los agentes sociales en 2008 con el objetivo de adquirir cerca de diez millones de metros cuadrados de terreno para la instalación de empresas, con carácter prioritario al sur de Segovia, por su proximidad con Madrid, y en la autovía Valladolid-Segovia.

El declarante, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha indicado que todo lo relativo a esta cuestión la supo por boca del citado Rafael Delgado y el director general de Industria, Carlos Martín Tobalina, y ha explicado que la opción de compra de terreno industrial, en lugar de la expropiación, fue una decisión directa del primero de ellos debido a los problemas que la Junta ya había tenido en otras operaciones en el Canal de Castilla, donde el Tribunal Superior de Justicia dictó varias sentencias encareciendo el precio del suelo.

Jiménez Miguel mantiene que las negociaciones las mantuvo directamente con Carlos González Maestro, representante legal de Parque Empresarial de Portillo, y con Luis Ángel Rodríguez Recio, representante de Cementos La Bureba, con un precio inicial del terreno situado entre 30 y 34 euros metro cuadrado y un final rebajado hasta los 15 euros, precio que, como así ha indicado, le pareció ajustado si se compara con otros barajados por el Ayuntamiento de Valladolid, de 80 euros el metro cuadrado, para su ansiado polígono agroalimentario.

Lo más llamativo de su declaración radica en las reticencias de la entonces presidenta de Gesturcal, Begoña Hernández, quien, tal y como ha precisado, llegó a revocar algún pago por valor de más de un millón de euros en 2010, incluso aun cuando ya se hubiera firmado un convenio con Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba.

La situación llegó a tal que fue el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, quien participó en un encuentro mediador con el propio declarante, Begoña Hernández, Rafael Delgado y entonces director financiero de Gesturcal, Francisco Armero, quien precisamente declarará este próximo miércoles.

Al final, pese a las discrepancias, la operación de compra de los terrenos, por importe de 34 millones, se materializaría el 30 de diciembre de 2010 y se elevó a escritura pública en un acto al que acudieron el declarante, Rafael Delgado y Francisco Armero.

El segundo en declarar, en idéntica condición de investigado, ha sido Salvador Molina-ya declaró el pasado día 23 de mayo-, quien fuera directgor general de Gesturcal desde 2005 hasta la fusión con Ade Parques en 2008 y cuyo testimonio se ha centrado en la factura por importe de 1.884.369,93 euros que la empresa pública pagó a Urban Proyecta PM3 por trabajos de interconexión del Eficio Norte y Sur y Cuartos Técnicos de 'La Perla Negra' o sede de la ADE en Arroyo la Encomienda.

El investigado se ha limitado a indicar que el desembolso a Urban Proyecta PM3 se hizo siguiendo las indicaciones del entonces secretario general de la Consejería de Economía, Rafael Delgado, al tiempo que ha negado tener conocimiento alguno de la operación de compra de terrenos en Portillo para un polígono industrial y ha rechazado haber participado en un encuentro con responsables de Parque Empresarial y el director general de Industria, Marcos Martín Tobalina, desdiciendo así la declaración en sentido contrario prestada hace unos días por este último.