Tras así solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, el juez Juan Ignacio Lope Sola, mediante un auto al que ha tenido acceso Europa Press, ha declarado compleja la causa, de acuerdo a los requisitos fijados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y hasta 18 para la investigación de las causas más complejas.

La declaración de complejidad debe ser solicitada por las acusaciones en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses.

En concreto, el caso Maquillaje fue impulsado en octubre de 2009 con diversos registros llevados a cabo en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, y fue abierto en el marco del caso Son Oms, que investiga por su parte si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonario mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a urbanizable.

Dividido en una quincena de piezas separadas, el caso cuenta con más de 40 imputados y, entre los ya condenados, se encuentra la propia Munar, quien fue sentenciada en firme a cinco años y medio de prisión por auspiciar el desvío de 240.000 euros del Consell a una empresa que controlaba, a través de testaferros, junto al exvicepresidente insular Miquel Nadal, condenado por su parte a dos años y siete meses.

La mercantil, Vídeo U, resultó beneficiada con más de cuatro millones de euros públicos durante la legislatura en que habrían sucedido los hechos (2003-2007), cuando Nadal y Munar ocupaban los máximos cargos en el Consell.

La causa indaga asimismo una presunta red de colaboradores que UM creó para la campaña electoral de Nadal como aspirante a la alcaldía de Palma en 2007, asesores que de forma paralela cobraban dinero público de empresas proveedoras del Consell pese a que nunca llegaron a trabajar para éstas.

Se trata además de una de las causas judiciales que afectan a UM, que se disolvió en febrero de 2011 acuciada por los numerosos casos de corrupción que pesan a sus espaldas.

El estallido de una de esas investigaciones, la del caso Voltor, llevó un año antes al entonces presidente del Govern, Francesc Antich (PSIB), en medio de una crisis sin precedentes en el Ejecutivo balear, a expulsar a todos los cargos ejecutivos del partido 'uemita' de las principales instituciones de las islas. Se rompía así el pacto de gobernabilidad firmado con UM en 2007.