La proposición de ley presentada por Podemos contempla medidas como la incorporación del término de violencia machista, se protegen a las menores y adolescentes, en el ámbito sexual se añade la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, y se amplía a la violencia ejercida fuera del ámbito de la pareja o expareja y en el ámbito laboral, se amplía a la violencia ejercida fuera del centro de trabajo y del horario laboral en el caso de que tenga relación con el trabajo.

En el término laboral, según ha explicado la diputada de Podemos Mari Ángeles García, se aborda el comportamiento discriminatorio con motivo del acceso al trabajo.

Se amplía a la violencia ejercida fuera del centro de trabajo y del horario laboral en el caso de que tenga relación con el empleo. El nuevo texto reconoce, asimismo, el feminicidio como homicidio cometido en el ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discriminación por motivos de género.

Sobre los menores, destaca que las niñas y adolescentes se han incluido en los mismos términos que las mujeres, al igual que la violencia que se ejerce sobre los menores dependientes de una mujer cuando se les agreda con ánimo de causar perjuicio a la propia mujer.

Asimismo, añaden la violencia económica que consiste en la privación "intencionada" de recursos para el bienestar físico o psicológico de una mujer y de sus hijos.

Durante el debate del dictamen de la normativa, los de Podemos han recordado que la ley de igualdad data del año 2007 y "estaba superada por la realidad, no estaba adaptada a los convenios europeos, ya que muchas de las violencias sufridas por las mujeres y menores no estaban contempladas".

Según los datos aportados, entre 2010 y 2016, en la Región se ha disminuido "en más de un 76%" el importe que se destina a las políticas de igualdad.

La diputada de Podemos advierte que "estamos asistiendo a un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad".

El resto de los grupos también han apoyado la ley. Los socialistas han dicho que la consideran "necesaria" para asistir a las víctimas de este tipo de violencia. Por su parte, los de Ciudadanos, aseguran que "hay que combatir cualquier tipo de discriminación".

Mientras que el PP ha expuesto que la ley "ha de ser reflejo del mayor consenso" y que se consoliden los recursos actuales y que permita actuar contra la violencia contra las mujeres.