Los valencianos optan cada vez más por blindar sus contratos de alquiler para prevenir posibles impagos o conflictos. Los datos de la Asociación Europea de Arbitraje Aeade indican que en sólo un año se han disparado un 54% en la Comunitat: en 2006, a estas alturas, se habían firmado 2.800 contratos con esta cláusula y, este año, 4.320.

El secretario general de Aeade, Javier Iscar, destaca el «apoyo incondicional de los valencianos» a esta práctica, ya que la Comunitat ha pasado del cuarto al segundo lugar en un año, sólo superada por Madrid. Estima que en un par de años, será la primera.

Es más rápido y seguro

Sus ventajas son la seguridad jurídica (un árbitro dicta sentencia en 20 días, frente a 3/4 meses de un juicio) y un menor coste en abogados y procuradores. El precio de incluir la cláusula en el contrato es de 40 euros, y sólo se pagan 350 más si surge algún conflicto.

Esta vía excluye la judicial. Cuando el árbitro dicta un laudo (sentencia), un juez debe poner fecha para que se ejecute (un desahucio o pagar, por ejemplo).

Tanto ayuntamientos como inmobiliarias ofrecen ya este sistema, y en Valencia se forma a 115 abogados al año.

«Arreglar el piso nos costó 6.000 €»

Cristina Baeza es una de las propietarias de la Comunitat que ha optado por incluir la cláusula de arbitraje, tras una mala experiencia. «Teníamos un piso alquilado en la zona de San Fernando, en Alicante, y nos lo destrozaron todo», explica. Se gastó más de 6.000 euros en reponer grifos, hacer obra, arreglar muebles y pintar. «Una vecina me explicó las ventajas del arbitraje y nos convenció», comenta. «Tenemos más garantías nosotros y los nuevos inquilinos, que se mostraron de acuerdo en seguida», concluye Cristina.