Según han informado a Europa Press fuentes municipales, si bien inicialmente se había estimado que no era necesario un informe de los servicios sociales acerca de la situación o no de exclusión social de estas personas, Emvisesa, como titular de la vivienda protegida objeto de conflicto, ha solicitado a la citada instancia judicial que una vez expirado este miércoles el plazo concedido para el desalojo voluntario del inmueble, aplace "cualquier decisión" sobre el asunto.

Todo ello, al efecto de que los servicios sociales comunitarios acometan una "evaluación profunda" de la situación socioeconómica de esta mujer y determinen si procede o no la elaboración de un informe de situación de riesgo de exclusión social que, a su vez, derivaría en su caso en algún tipo de intervención social sobre estas personas.

En declaraciones a Europa Press, esta mujer llamada Paqui ha manifestado desde el pasado mes de agosto habita esta vivienda protegia, sin que haya mediado ningún proceso de adjudicación al respecto ni título alguno que le una al piso. Insiste en que tiene dos hijos de dos y cuatro años y que con sus vástagos ya "no cabía" en el hogar de su madre. "En casa de mi madre ya no cabemos. Yo estaba durmiendo en mitad del comedor", ha señalado.

Así, ha defendido su ocupación ilegal de esta vivienda protegida, porque tiene dos hijos a su cargo, no tiene empleo más allá de algunas labores que presta pata ganarse "la vida" y la única ayuda social que recibiría serían unos "cheques" de un programa social de La Caixa.