Las pesquisas se han centrado en las convocatorias del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigaron 17 empresas; y del 4 de noviembre del mismo año, por la que se investigaron diez sociedades. El Juzgado de Instrucción número 8 abrió 27 piezas -al margen de la principal-, una por cada firma; aunque luego se quedaron en 26 al acumularse dos de ellas por haber una relación entre las sociedades.

Ahora, según han informado a Europa Press fuentes del caso, el ministerio público, tras analizar uno por uno cada caso, ha presentado escritos instando al archivo de 18 de estas piezas, al considerar que no hay delito de fraude de subvenciones, ya que el dinero recibido no supera en ningún caso los 120.000 euros que requiere la legislación.

Así, la Fiscalía no ha pedido el archivo de la pieza principal, que se refiere a responsables políticos y funcionarios investigados; y ni de otras ocho, al verse en algunas indicios de delito de falsedad o irregularidades que, aún sin superar ese dinero, "son patentes", tal y como se requiere para que se enmarque en el ámbito penal, como por ejemplo no haber realizado el curso, han explicado las fuentes, aunque se encajaría en otro tipo delictivo.

En las piezas en las que el ministerio público ha solicitado el sobreseimiento provisional, se señala que para las irregularidades o incumplimientos detectados ya existen "consecuencias en el ámbito administrativo", apuntando que se ponga en conocimiento de la Junta de Andalucía la resolución adoptada para que inicie o prosiga los expedientes administrativos correspondientes.

Estas actuaciones se iniciaron a raíz de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en la sección de la Seguridad Social, que en sus primeros informes apuntaban a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.

Asimismo, se investiga una presunta falta de control de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas. De hecho, responsables políticos y funcionarios están citados en julio, septiembre y octubre en el Juzgado, empezando el 5 de julio con el exdelegado de Empleo de la Junta Juan Carlos Lomeña.