Jiménez se ha referido a una sentencia condenatoria contra el Consistorio, motivada por "una decisión unilateral" realizada por decreto el 14 de agosto de 2012, cuando el por entonces consejero-delegado de la sociedad municipal Puerto Deportivo de Benalmádena, Francisco Salido, "cesó la comisión de servicios de un trabajador de forma no ajustada a derecho, con el apoyo directo del Área de Personal, dirigida por aquel entonces por un concejal del Partido Popular".

"Una sentencia judicial condena al Ayuntamiento a abonar 29.250 euros más intereses legales, en concepto de diferencias retributivas, a un trabajador municipal que fue cesado de su comisión de servicios de manera irregular con la complicidad del equipo de gobierno del PP", ha apostillado el portavoz, que ha valorado la decisión como "uno de los peajes que tuvo que pagar el PP para conseguir el apoyo para la moción de censura de 2012".

Jiménez ha recordado que la sentencia recoge "que el mencionado cese no resulta ajustado a derecho, alegando la existencia de desviación de poder en la actuación administrativa, por cuanto la misma tan solo reviste una apariencia de legalidad destinada a dar cobertura a una actuación contraria al ordenamiento jurídico".

Por ello, ha afirmado que esta decisión, "que el dictamen judicial considera especialmente grave", "obedecía únicamente a criterios políticos y no se veía refrendada por una deficiencia en las tareas o productividad del trabajador cesado".