El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Pablo Trillo, quien ha declarado hoy en calidad de investigado con motivo de las pesquisas judiciales sobre 'La Perla Negra' de Arroyo de la Encomienda y el fallido polígono de Portillo, ha apuntado que en su momento ya advirtió al propio presidente del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, de que tanto el precio de alquiler como de compra de la sede de la ADE eran "disparatados".

Durante el interrogatorio al que se ha visto sometido por espacio de casi dos horas ante el juez de Instrucción número 2, encargado de tomar declaración en calidad de investigados a una veintena de cargos y exaltos cargos de Administración regional y empresarios de la construcción por presunto delito de malversación, Trillo ha rehuido cualquier responsabilidad tras asegurar que en ambas operaciones, tanto en el edificio de ADE como en la del polígono, realizó distintas gestiones de comprobación que incluso llevaron a Villanueva, a su segunda de abordo, Begoña Hernández, y a Rafael Delgado, consejero delegado de Gesturcal, a pedirle explicaciones sobre su desconfianza.

como vocal de Gesturcal, Trillo ha explicado que en su momento ya mostró su preocupación por el alto coste del arrendamiento de 'La Perla Negra', de forma que tanto él como otros vocales votaron a favor de la opción de compra en el Consejo de Gesturcal del 19 de diciembre de 2008, capítulo éste último en el que ha destacado que gracias a su gestión y la de otros se logró que el precio inicial barajado, entre 72 y 60 millones de euros, quedara rebajado a 52, que aún así seguía pareciéndole muy elevado.

En este sentido, ha asegurado que llegó incluso a plantear todas estas cuestiones al propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, quien además de darle las gracias por ello le pidió que le mantuviera informado.

No menos llamativo ha resultado su testimonio respecto del caso del polígono industrial fallido en Portillo, donde el investigado, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, ha explicado que tanto el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, como la viceconsejera y presidenta de Gesturcal, Begoña Hernández, y el consejero delegado de dicha empresa pública, Rafael Delgado, llegaron a reprocharle la desconfianza mostrada por la operación.

De hecho, Trillo recuerda que en el Consejo de Gesturcal celebrado el 31 de marzo de 2011 tuvo conocimiento por vez primera de la compra de terrenos en Portillo para ubicar en él un polígono industrial, operación que había llevado a cabo directamente Rafael Delgado. Las dudas generadas llevaron a Trillo y otros vocales a expresar sus quejas y a solicitar la suspensión de la formulación de las cuentas anuales de la empresa pública hasta obtener más información del proyecto.

Fue a raíz de ello cuando, primero Rafael Delgado y Begoña Hernández, le recriminaron en persona las cuitas mostradas y al día siguiente, vía telefónica, el propio Villanueva le llamó a capítulo, y todo ello enmarcado en un contexto en el que, como así ha reiterado, todas las decisiones relativas a ADE y Gesturcal llegaban dictadas por este último.

UN HIJO DE VILLANUEVA EN GARRIGUES

En su interrogatorio, el político del PP ha explicado que como vicepresidente de la Agencia de Inversiones y Servicios asistía en calidad de vocal al Consejo de Administración de Gesturcal y que en aquellos a los que no podía acudir delegaba su voto en la presidenta, Begoña Hernández, como aquel en el que se acordó contratar los servicios del despacho de abogados Garrigues para asesorar en el proceso de fusión con ADE.

A este respecto, Trillo se mostró partidario de que el asesoramiento fuera realizado por los propios servicios jurídicos de la Junta, sin necesidad de contratar a un tercero, y ha llegado a reconocer hoy, a preguntas de su propio letrado, que no le pareció moralmente correcta la contratación de Garrigues, máxime cuando todos sabían que un hijo de Villanueva trabajaba en dicho despacho.

FASE "MUY DURA"

Concluida su declaración, ya en plena calle, Trillo atendía a los medios de comunicación para expresar su confianza en que lo declarado ante el juez sirva para apartarle de la causa, sobre todo gracias al escrito que su abogado presentará en los próximos días solicitando el sobreseimiento de las actuaciones contra su persona.

"No tengo la menor duda de que ocurrirá en mi caso y en el de otros miembros del consejo", ha indicado el delegado de la Junta, quien mantiene que en su actuación "no ha habido nada irregular", sino más bien un exceso de celo como el mostrado en las dos operaciones objeto de la presente investigación.

Lo que sí ha aprovechado para resaltar es que con la declaración prestada en sede judicial "termina una fase muy dura y desagradable de más de un año", aunque también reconoce ser consciente de que una cosa así puede ocurrir cuando se ocupa un cargo público, "sobre todo en estos tiempos".

En cualquier caso, Trillo ha expresado su agradecimiento a aquellos que durante este tiempo han mostrado su confianza en su persona y en su "comportamiento cabal", como todos los que procura-ha dicho-"en el ámbito de la vida pública".

Su declaración ha estado precedida, también como investigada, de la ofrecida durante casi hora y media por la que fuera vicesecretaria de Gesturcal hasta enero de 2015 y encargada de levantar las actas, Pilar Manteca Barrio, quien se ha limitado a indicar que su labor se ceñía a asesoramiento jurídico de la mesa de contratación y, al igual que el anterior, ha alegado que todas las decisiones partían de la Consejería de Economía.