El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido este lunes que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la Administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" en la gestión de las ayudas a la formación.

Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista en la intervención inicial de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, cuando ha señalado que tampoco dio "nunca" "recomendaciones o instrucciones" para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.

Chaves ha admitido que es "posible" que "no todo" estuviera "bien" en la gestión de la formación profesional y las políticas de empleo, pero ha defendido que, "respetando el criterio" de quien pueda pensar otra cosa, "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó "ninguna decisión ilegal". Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley", ha incidido.

"Creo recordar que en mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la Administración, creo que ni siquiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad", ha recalcado el también exvicepresidente del Gobierno central hoy jubilado. "Lo repetiré hasta el fin de mis días: durante mis años de Presidencia, nunca he tolerado, impulsado o mantenido ninguna ilegalidad en ningún ámbito", ha enfatizado.

El expresidente ha señalado que es "posible" que se pudieran haber cometido actos ilícitos pero "sería por parte de quien lo cometió, no de ningún directivo de la Administración", y ha reiterado que la ejecución fue "positiva, razonable, útil y eficaz".

La mayoría de los portavoces de los grupos políticos han preguntado a Chaves por las exceptuaciones en la justificación de algunas ayudas, a lo que ha respondido que desconoce el número exacto porque "era exclusiva competencia del consejero" del ramo, de forma que "no pasaban por el Consejo de Gobierno".

Ha dicho, además, que en aquel periodo nadie "alertó", ni siquiera los medios de comunicación, al respecto, por lo que ha considerado que se está "inflando un tema que no lo merece tanto", entre otras cosas porque la exceptuación "no es un perdón" y nadie puede "librarse" de justificar el pago de la subvención.

Aunque ha subrayado que tiene "plena confianza" en los dos consejeros que gestionaron estas políticas durante su mandato, en referencia a José Antonio Viera y Antonio Fernández, ha señalado que los tribunales tendrán que pronunciarse y la comisión de investigación decidir "si hubo o no responsabilidades políticas" de estos, que "tenían sus competencias y autonomía" para la gestión.

"Si me quiere hacer responsable político como presidente, lo puedo entender porque lo tienen claro desde el primer día de esta comisión", le ha respondido al PP al final de su comparecencia, pero ha añadido: "Si me quieren hacer responsable político de lo que ha hecho un funcionario, un director, o incluso un consejero, no tengo esa responsabilidad porque tienen toda la autonomía".

"Excusatio non petita, acusatio manifiesta", ha replicado el PP, que ha añadido: "Yo, de momento, no quería imputarle ninguna responsabilidad política".

Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado "convencido" de que la Administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de "la más estricta legalidad".

En ese sentido, ha aclarado que se refería "no solo a los funcionarios de la Administración laboral de la Junta" sino también "a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel", de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.

Además, ha advertido de que, pese a las "dificultades" que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación profesional fue "positiva, razonable, útil y eficaz" para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.

Este lunes ha declarado el también expresidente José Antonio Griñán. Y este martes lo hará, para cerrar la primera ronda de declaraciones, la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Griñán aseguró tener "el convencimiento de que en esta cuestión que está tratando la comisión, la Administración andaluza ha actuado de acuerdo con la legalidad y creo que las deficiencias que hayan podido producirse no han sido de la Administración, sino contra ella".

"El gran problema es que en un momento determinado, no hubo suficientes recursos humanos" en relación con los cursos de formación, ha asegurado el expresidente Griñán, quien ha recordado que desde 2010 la ley de presupuestos "cierra la apertura a cualquier aumento de plantilla".

El expresidente ha señalado que para él supone "un honor" comparecer ante la comisión de investigación al considerar que está "cumpliendo un deber" por sus muchos años como miembro del Gobierno andaluz. "Es la contrapartida del derecho que tienen los ciudadanos a controlar al poder ejecutivo", ha dicho Grilñan, que ha recordado que, tras 45 años de "servicio público", es pensionista desde hace más de uno.