Este proyecto "niega la posibilidad a los estudiantes de universidades privadas o de iniciativa social de acceder a los distintos tipos de ayudas al estudio, no se ajusta a derecho y es causa de exclusión y de discriminación arbitraria", según ha aseverado el vicerrector general de la UCV, Ricardo García.

El pliego de alegaciones presentado por la UCV ante la Conselleria realiza un recorrido por el marco legal actual tanto nacional como internacional "en contraposición a la normativa que quiere imponer el gobierno autonómico".

"Esta orden vulnera la Constitución española, la Ley orgánica de Universidades, las resoluciones de la ONU, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los acuerdos Iglesia-Estado sobre enseñanza y asuntos culturales", en opinión de Ricardo García.

Para el vicerrector general de la UCV, "la Constitución garantiza el derecho a la educación; el acceso libre y en igualdad a la misma; y reconoce a las universidades privadas como servicio público de educación superior". En el ámbito jurisprudencial constitucional existen "relevantes sentencias" que avalan esta argumentación según informan desde la propia universidad, ha apostillado.

En este sentido, añade que "la Conselleria no vulnera sólo la Carta Magna", puesto que, según García, "la Ley Orgánica de Universidades establece la finalidad del sistema de becas y su concesión, estando basada esta última en las condiciones económicas y académicas de los candidatos, no en qué centros cursen estudios".