Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo (TS) anularon la autorización administrativa previa de 2002 para la instalación de la planta en Mugardos y el proyecto de ejecución de 2004 -está en funcionamiento desde 2007- porque en el momento de emitirse no se contaba con un instrumento de planificación urbanística adecuado. Todo ello, después de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por la plataforma de vecinos O Cruceiro de Mehá y otras entidades.

Al respecto, el Consejo de Ministros señala que la modificación puntual del plan general de Mugardos en el año 2012 subsanó estas circunstancias.

Dado que la planta de Reganosa tiene que pedir nuevas autorizaciones, tras las anulaciones dictadas por el Supremo, el Gobierno decide excluir a Reganosa de la necesidad del trámite de evaluación ambiental con el objetivo de "agilizar" el procedimiento para que pueda cumplir con las dos sentencias.

En un comunicado, En Marea censura esta decisión, que ve "la punta del iceberg" de un Gobierno en funciones "dedicado en exclusiva a defender intereses privados". A modo de ejemplo, además de reprobar que se favorezca "una infraestructura ilegal que pone en serio peligro a toda la población de Ferrolterra", ha aludido a la prórroga de Ence en Pontevedra.

Yolanda Díaz, promotora de la iniciativa trasladada por En Marea al Congreso que pedía la paralización y desmantelamiento de la actividad de la planta de Reganosa en la ría de Ferrol, ha criticado la "auténtica golfería" por parte de un Consejo de Ministros que, "de forma inaudita desoye no solo a la ciudadanía, sino también los reiterados fallos de los tribunales de justicia".

"El Gobierno prevarica, vulnerando las sentencias y la legislación vigente en aras de defender los intereses de Reganosa", ha zanjado.