En la reunión técnica del pasado jueves los representantes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se comprometieron a enviar al Ayuntamiento un informe de la Asesoría Jurídica que avalara su tesis de que, "en el actual marco de la concesión, no es posible la prestación del servicio por sistema distinto del ferroviario ni ser prestado por tercero distinto del concesionario, salvo lo dispuesto en el pliego de condiciones, en cuanto a prestaciones accesorias".

"No es posible llevar a cabo su propuesta de que mediante autobuses gestionados por la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) se presten servicios vinculados en número de viajeros e ingresos a Metro de Málaga, sin perjuicio de las competencias propias que tiene ese Ayuntamiento y, por delegación, su empresa municipal para implantar líneas de transporte urbano", tal y como precisa el director gerente de la Agencia de Obra Pública, José Francisco Pérez, en una carta remitida al alcalde, Francisco de la Torre.

Una carta que acompaña al informe suscrito por la Asesoría Jurídica de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, recogido por Europa Press y en el que se concluye que "la ejecución de los trabajos incluidos en el contrato de concesión (redacción de proyectos, construcción, explotación y adquisición de material móvil) habrán de ser realizados en los términos del contrato".

"Salvo -se precisa- que concurran circunstancias que motiven su modificación, por lo que sería conveniente realizar un análisis técnico de las soluciones propuestas, así como de la viabilidad de las mismas y el alcance que tendría, en su caso, una modificación del modo de prestación del servicio, contratado únicamente como transporte público ferroviario".

A juicio de la letrada que suscribe el informe, lo que se plantea en la propuesta municipal "es una modificación del contrato que supondría, no un cambio de trazado, sino de prestación del servicio". "Éste quedaría afectado no sólo en el modo de transporte -de ferrocarril a autobús-, sino que supondría también la participación de un tercero en la prestación del servicio, ajeno al contrato de concesión y que, además, sería impuesto al concesionario", se especifica.

SIN MOTIVO PARA MODIFICAR EL CONTRATO

Según se expresa, en esta propuesta en concreto "no se motiva causa alguna que justificara un interés público que hubiera de satisfacerse mediante una modificación del contrato", por lo que "una alteración de las prestaciones en su día contratadas no tendría cabida en el marco contractual existente".

"A mayor abundamiento y en el supuesto de que concurriese causa que aconsejara la modificación del contrato, habría que analizar la legalidad de la misma en función de su alcance", se subraya en consecuencia.

Respecto a que el coste anual de la explotación del metrobús se pudiera detraer de la aportación que el Ayuntamiento debe hacer cada año al convenio, se apunta que "las modificaciones contractuales han de tener su reflejo en el marco presupuestario del contrato de concesión".