En rueda de prensa, la diputada Teresa Cruz Oval explicó que mediante la propuesta se solicita al Gobierno de España que, en el plazo máximo de un año, proceda a la reforma de la Ley y recoja los nuevos modelos de familia, ampliando la protección a las familias numerosas en consonancia con la actual situación socioeconómica de nuestro país.

En concreto, se solicita que se recojan supuestos tales como las familias reconstituidas, formadas por un ascendiente y otra persona, sin perjuicio de su condición, no siendo preceptiva la condición de convivencia.

Además, la propuesta pretende que, en caso de separación o divorcio, cuando la guarda y custodia sea compartida, que ambos progenitores puedan disfrutar de los beneficios de las familias numerosas y no uno de ellos como en la normativa actual. También se plantea el caso de familias monoparentales con dos hijos o hijas.

MEJORAR DERECHOS.

"Esta propuesta afecta especialmente a Canarias por la tipología de sus familias, como apuntan las estadísticas, y su fin último es mejorar los derechos de la ciudadanía, algo que siempre está en el sentir del PSOE", subrayó el diputado Iñaki Lavandera.

Teresa Cruz insistió en los importantes cambios sociales producidos en las últimas décadas, lo que ha llevado a la aparición de nuevos modelos de familia, realidad a la que "han de dar respuesta nuestras leyes", dijo. Subrayó que el PSOE demanda especial protección a las familias numerosas, atendiendo a tres aspectos: crianza, educación y acceso a la vivienda.

En cuanto a las familias reconstituidas, indicó que en España existen 232.200 y afirmó que son muchos los padres y madres que pasan por un "auténtico calvario" como consecuencia de una separación. "Se debe modificar la ley para que ambos puedan beneficiarse de ella", remarcó.

La parlamentaria consideró necesario ofrecer una atención prioritaria a familias que, por su estructura y composición, presenten necesidades especiales: numerosas, monoparentales, reconstituidas o con personas con discapacidad, entre otras, con independencia de la coyuntura.

Expuso que esta PNL se fundamenta en la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica a la familia, así como la protección integral de los hijos cualquiera que sea su afiliación. Igualmente señala que los niños deben gozar de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

También responde a recomendaciones y exigencias internacionales que tienen su base en convenios, reglamentos y recomendaciones de Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa y otros niveles supranacionales, así como en los compromisos que derivan del contenido de dictámenes o informes emitidos por distintos organismos internacionales.

"Todas ellas ponen de manifiesto la necesidad de una política de familia coherente, transversal y que esté dirigida a todas las familias, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones de necesidad", dijo.