Y es que una parte de los claustrales considera que el hecho de que la misma sólo ofrezca la opción del 'sí' no permite cifrar el peso de los que no están a favor de la reforma ni mantener el secreto del voto, pues aquellos que ejerzan su derecho en principio deberían hacerlo necesariamente en sentido positivo.

A pesar de que han sido varias las apelaciones al rector de la institución, Miguel Ángel Castro, en el sentido de que rectifique la decisión tomada para posibilitar la decisión en base a diferentes opciones, el mismo ha tomado la palabra en varias ocasiones para recordar que la decisión para definir el formato de las papeletas se tomó por "unanimidad" en la Mesa del Claustro, donde están representados todos los sectores del mismo, y que, según las personas que le han asesorado jurídicamente, el modelo es plenamente legítimo y se ajusta "completamente" a derecho.

De esta manera, Castro ha rechazado la posibilidad de cambio bajo el argumento de ser "un rector que busca 'síes', y no 'noes'", manifestando al respecto que, en el ejercicio de la libertad de que cada persona decida o no votar, el voto positivo es lo que cuenta a la hora de resolver acometer o no una modificación estatutaria de estas características en un proceso que, por otro lado, recuerda ha acometido con toda la celeridad posible.

De hecho, ha cumplido su propósito de que el debate -e incluso la votación, programada para el próximo lunes 30- se lleve a cabo en el mes de mayo, 55 días después de la presentación en Registro de una propuesta al respecto suscrita por 90 claustrales, a lo que ha contribuido que la iniciativa no haya sido objeto de enmienda alguna.

UN PROCEDIMIENTO "ANÓMALO"

Fue el profesor Luis Ángel Hierro (Económicas y Empresariales) el primero que alertó sobre lo "surrealista" de que un claustral "no pueda votar en contra" debido a un formato que, a pesar de no estar regulado, "no puede convertir esto en una película de Mortadelo y Filemón". Mientras que el docente de Química Víctor Molina -uno de los mayores impulsores de la propuesta- llamaba a la participación para evitar un absentismo que podría acabar perjudicando la activación de la iniciativa, otros, como Luis Narváez o Vicente Flores -uno de los más aplaudidos por la contundencia de su intervención-, se centraban en lo "anómalo" del procedimiento.

Pese a que la modificación estatutaria no es percibida como un problema prioritario de la Hispalense, se ha apelado a la conveniencia de "dar ese paso", en tanto que el actual sistema "impide la alternancia" y cuenta con efectos colaterales como la percepción aludida por el profesor Víctor Moreno de que los estudiantes quedan "fuera del sistema" si no se les hace copartícipes.

"Es el sistema el que falla", ha recalcado Flores, mientras que otro docente, Narciso Vázquez, ha afirmado que la Universidad de Sevilla "vive instalada en la anormalidad democrática desde hace mucho tiempo". En ruegos y preguntas, la catedrática Adela Muñoz ha reclamado que sea "la última vez" que se lleva a cabo un voto "en diferido" -algo "perturbador", según la profesora María Jesús Albarreal-, lo que, según el rector, se ha hecho en base a la normativa y con el apoyo de la Mesa del Claustro.

Por parte del sector del alumnado, las intervenciones han ido desde el cuestionamiento irónico sobre si el rector "es el único que sabe lo que quiere la comunidad universitaria" (Daniel Arenaza) hasta la "provocación" en la que, según el Movimiento de Acción Estudiantil (MAE), se ha incurrido por parte del equipo de gobierno en el debate, pasando por el llamamiento de Alberto Pérula a no "desviar" el asunto del debate.

La propuesta, presentada por la profesora Victoria de Montes (Arquitectura), consiste en modificar dos artículos del actual Estatuto para que el rector sea elegido por sufragio universal ponderado libre y secreto, así como para quitar esta competencia al Claustro. Tras la presentación y el posterior debate se abre un período de voto anticipado, fijado para los días 24 y 25 de mayo.

ESCRITO A LA MESA DEL CLAUSTRO

Con carácter previo al Claustro, representantes del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), el máximo órgano de representación estudiantil en esta universidad, y la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Sevilla (Adius), que ostenta la mayoría de la representación de los profesores laborales y funcionarios no doctores en el Claustro, han pedido el voto a favor de la reforma con el apoyo de miembros de la Junta de Personal Docente e Investigador, del Comité de Empresa del PDI Laboral, el MAE y profesores varios del sector A (funcionarios).

Además de presentar las razones a favor del sufragio, han expuesto su desacuerdo con el sistema de votación planteado por la Secretaría General de la Universidad, que "incumple lo establecido en el Reglamento de funcionamiento del Claustro Universitario, introduciendo distorsiones en el proceso de votación" que, a su juicio, "no contribuirán a su buen desarrollo". De esta manera, han presentado escrito ante la Mesa del Claustro para que se modifique el sistema de votación planteado por el Rectorado, ajustándolo a la normativa de aplicación.