El conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, y el presidente de la federación gallega de municipios y provincias (Fegamp), Alfredo García, han suscrito este lunes un convenio de colaboración que permitirá a los ayuntamientos recibir asesoramiento de la Xunta sobre sus competencias en relación a los cambios de valoración catastral que está realizando el Ministerio de Hacienda en las construcciones rurales, al amparo del procedimiento de regularización catastral.

Este cambio, según explica Facenda, afecta a las construcciones vinculadas a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales que tenían valor catastral cero, y que ahora pasan a tener un valor catastral que obliga a sus propietarios a abonar el impuesto de bienes inmuebles (IBI). Los municipios afectados son aquellos cuyas relaciones de valores sean anteriores al 1 de enero de 2006.

La consellería -a través de la Axencia Tributaria de Galicia- prestará asesoramiento en materia tributaria a los municipios que voluntariamente lo soliciten. En concreto, la Xunta dotará a los consistorios de más información sobre las competencias normativas que pueden utilizar en este ámbito, toda vez que tienen la competencia sobre el IBI.

El asesoramiento se desarrollará en lo relativo al ejercicio por los ayuntamientos de las competencias que legalmente tienen reconocidas en el impuesto y sus efectos, así como en el análisis del cumplimiento de las reglas fiscales y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y demás normativa de aplicación.

Además, la Xunta pretende con esta colaboración con los municipios "ayudar e informar a la ciudadanía gallega" sobre el proceso de regularización catastral que está efectuando la administración del estado, con el objetivo de que los contribuyentes puedan "valorar y comprender este procedimiento" y efectuar en su caso las alegaciones correspondientes.

REGULARIZACIÓN

El estado está realizando un procedimiento de regularización para incorporar al catastro los bienes inmuebles rústicos y urbanos con construcción, y también las alteraciones de sus características, apunta el departamento autonómico, que agrega que este procedimiento tiene "un marcado carácter técnico que aconseja la prestación de este asesoramiento".

La Axencia Tributaria prestará asesoramiento en materia tributaria a los ayuntamientos y "se compromete, también, a comprobar el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos".

HASTA FINALES DE 2017

En el marco de este convenio, la Axencia Tributaria contratará hasta cinco funcionarios, en función del número de ayuntamientos que se adhieran al convenio.

Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017, aunque podrá ser prorrogado si llegada esa fecha no terminó el proceso de regularización catastral.

La Xunta destaca que impulsa el convenio "pese a que carece de competencias en este ámbito puesto que el catastro inmobiliario es competencia exclusiva del estado", y las corporaciones locales tienen reconocidas las competencias en el impuesto sobre bienes inmuebles.

BONIFICACIONES Y UN TERCIO TERMINADO

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Fegamp ha destacado que el objetivo del proceso es que "todo el mundo esté al día" y ha resaltado que, aunque "generó alarma en el sector lácteo", desde el punto de vista del IBI, "está arreglado porque los ayuntamientos ya están bonificando el 95% y ese 5% entrará dentro de ese mínimo" y "seguirán sin pagar nada".

Por su parte, el conselleiro ha apuntado que el proceso "básicamente está terminado en un tercio, aproximadamente otro tercio está en curso y otro tercio estará para empezar ahora tratando de terminar en 2017 presumiblemente".