En una nota, la Federación de Servicios Públicos de UGT ha solicitado que se nombre un nuevo Tribunal que revise todas y cada una de las preguntas y que anule las que no se ajusten al programa, y también ha anunciado que sus servicios jurídicos están estudiando la legalidad de la prueba.

El pasado domingo, 18.396 opositores -de 46.196 inscritos- se presentaron en todas las islas a las pruebas selectivas para 614 plazas de Auxiliar Administrativo convocadas en la OPE de 2007 del Servicio Canario de la Salud.

Según FSP-UGT, el examen "incumple todos los principios de racionalidad y sentido común", con lo que el Tribunal "ha demostrado su incompetencia manifiesta, con múltiples preguntas sin sentido y fuera de las mínimas normas de valoración de conocimientos de los opositores".

También acusa al Tribunal de "primar el enredo, con preguntas confusas, que sólo han servido para enervar los nervios de miles de opositores que han visto cómo este tribunal se burla de años de sacrificio y esfuerzo de los opositores, con un examen que es una auténtica tomadura de pelo".

El sindicato asegura que la mayoría de las preguntas "no tienen relación" con el trabajo de Auxiliar Administrativo en el SCS, y afirma que otras eran "disparatadas, equívocas, confusas y erróneas".

Añade que son miles las reclamaciones que los opositores ya están presentando contra este examen por los "múltiples errores" de las preguntas.

También critica al Tribunal por su "incapacidad de respuesta" y por no inspirar "la más mínima" confianza entre los opositores, pues "en solo dos días ya se han producido varios comunicados del Tribunal corrigiéndose a sí mismo, anulando preguntas y variando resultados de las mismas".

LADILLO.-

Por su parte, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO considera que el examen y su gestión posterior por parte del Tribunal de Selección "ha sobrepasado de largo todos los límites en cuanto a improvisación, chapucería e incompetencia".

El sindicato a exigido que se disuelva este tribunal, se anule este "bodrio" de examen y se convoque uno nuevo, pero esta vez elaborado con criterios "de profesionalidad y rigor", pues entiene que no se puede dejar en manos de "ineptos" una cuestión "tan básica y crucial" para tanta gente.

CCOO asegura que el examen estaba "horriblemente redactado, con fallos garrafales desde la pregunta uno, donde las respuestas supuestamente correctas varían de un modelo a otro, donde se dan por buenas contestaciones manifiestamente erróneas, donde la respuesta correcta no se encuentra entre las cuatro alternativas y donde las preguntas fuera de temario son frecuentes".

La Federación critica también el "bochornoso espectáculo" de un tribunal corrigiendo las plantillas de respuestas "a cuenta gotas, a golpe de improvisación y en ocasiones sin advertir del cambio producido".

Al igual que UGT, Comisiones Obreras también se ha dirigido a sus servicios jurídicos para valorar la viabilidad legal de lograr la nulidad del examen, o, alternativamente, la inhabilitación de un tribunal que, en su opinión, "ha dado buenas muestras de su más absoluta incompetencia".