El Tribunal de Cuentas del Estado ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, así como al resto del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas, al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado "muy superior" al de mercado.

En un comunicado, el PP ha recordado que "no estamos hablando del ámbito penal y que no existe ningún delito de corrupción y, por tanto, no hay responsabilidad penal alguna". "El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza, designada en este caso directamente por el PSOE a propuesta de IU", ha destacado.

Además, ha recordado que este asunto fue archivado en 2015 por la Fiscalía de Álava, al no apreciar responsabilidad penal "por no haber delito".