El edil informó también de que en los casos de Acorán y Añaza "se tiene una autorización de vertidos hasta 2028", para agregar que en Igueste de San Andrés "se ha optado técnicamente por hacer una pequeña depuradora, pese a que sea una localidad con pocos habitantes".

A su juicio, "va a ser necesaria una inversión importante para que el agua, incluso, pueda ser reutilizada con fines agrícolas por sus vecinos".

En cuanto al pueblo de San Andrés, Arteaga precisó que se ha solicitado una autorización de vertido, en este caso para la nueva instalación de la estación de bombeo.

"La actual será trasladada del Castillo hacia arriba, en la zona junto al barranco. De hecho, la primera fase de esta obra ya se está ejecutando. El proyecto total supera los 600.000 euros", señaló.

Para el vertido de Cabo Llanos, en cambio, destacó que hay un plan de etapas autorizado por el Gobierno de Canarias, concretamente un proyecto de implantación de microtamices en la estación de pretratamiento y bombeo de Los Llanos, por un importe de 807.000 euros.

En cualquier caso, la corporación no tendrá que aportar cantidad alguna, puesto que será la empresa Sacyr, como socia mayoritaria de Emmasa, la que asuma su parte, en función del plan de inversiones aprobado.

NO HAY IRREGULARIDADES

Arteaga también negó que Santa Cruz "haya cometido o esté cometiendo irregularidades con el vertido de aguas residuales al mar, puesto que en Taganana y Almáciga las cubas actúan diariamente, tras constatar los problemas de aliviaderos y saturación de esos pozos, con el fin de llevarse las aguas residuales de esos núcleos evitando así su vertido, y esto se hará de forma provisional hasta que entre en funcionamiento la depuradora de Taganana".

Durante su intervención dijo también que el convenio permitirá avanzar en el plan para la mejora del tratamiento de las aguas residuales de la cuenca que integran Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y El Rosario, "una estrategia que debe culminar con la ampliación de la Estación Depuradora de Buenos Aires, obra cuya ejecución corresponde al Estado y que se confía en que se pueda licitar antes del verano".

El concejal concluyó que el objetivo es conseguir 'vertidos cero' el 1 de enero de 2019, "dando respuesta a un problema existente hace 40 años y para el que no hay otra alternativa que conseguir las inversiones necesarias y la implicación del Estado".