Escándalo en TV3. Después de que tres miembros del grupo de periodistas Pi i Margall, consejeros del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), presentaran una queja ante este organismo acusando a la cadena pública de "manipular el lenguaje" y "tergiversar hechos históricos" con la entrevista que realizó al ex dirigente de Terra Lliure Carles Sastre en diciembre, el CAC, dependiente de la Generalitat, ha aprobado un informe en el que considera que no se incumplió la normativa del Govern.

Sastre, que fue condenado por matar el industrial José María Bultó el 1977, fue entrevistado por Xavier Grasset, que lo presentó como "preso político" y "como militante histórico del independentismo" sin mencionar la condena que había recibido.

La conclusión del CAC es que las expresiones utilizadas por el periodista "no son contrarias a las previsiones de la normativa que regula el servicio público audiovisual de competencia de la Generalitat y no incurren en ninguna vulneración del principio de veracidad".

Que el CAC avalara la entrevista fue posible gracias al voto de calidad del presidente, Roger Loppacher -miembro de confianza de Convergència- que se alineó con Salvador Alsius e Yvonne Griley, los dos nombres de CDC y ERC en el ente audiovisual. En cambio, Daniel Sirera (PP), Eva Parera (Unió) y Carme Figueras (PSC) mantuvieron que la entrevista incumple la normativa.

El dictamen del CAC se basa sobre todo en una interlocutoria del 21 de mayo del 2010 de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo. Esta interlocutoria, sobre otro de los condenados por el asesinato, detalla la dificultad en la apreciación de los hechos y plantea la "revisión histórica", más allá de veredictos concretos.

El Grupo de Periodistas Pi y Margal ha calificado de "delirantes" los argumentos del CAC. Consideran "absolutamente inaceptable" que el organismo aluda solo a esta interlocutoria para resolver un asunto que, en su opinión, es de "mala praxis periodística".