Según informa el Consistorio, a la luz de las conclusiones de dicho informe, el gobierno municipal lo ha elevado a la asesoría jurídica para "estudiar las acciones que pudieran proceder, para restituir los perjuicios que podrían haberse ocasionado al Ayuntamiento, así como trasladar dicho informe al juzgado donde se investigan esos contratos".

Del informe de Intervención, del que este martes tomará conocimiento el Pleno Ordinario del Consistorio, "se desprenden una serie de irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes examinados, que fundamentalmente se centran en la improcedencia de la prórroga del contrato acordada en octubre de 2014, a pesar de que el pliego que regía la contratación le atribuía el carácter de improrrogable".

Igualmente, señala al "posible error en la calificación de los contratos como contratos menores, el fraccionamiento indebido del objeto del contrato y la ausencia total del mismo durante un periodo de un mes completo".

A la luz de todo ello, la Intervención General Municipal concluye que "se ha producido un enriquecimiento injusto del contratista, con el correlativo perjuicio económico para el Ayuntamiento de Córdoba".

En este sentido, el concejal delegado de Presidencia, David Luque, ha subrayado que "el informe de la Intervención se ha realzado de oficio y que el gobierno municipal va a ser prudente en un asunto de estas características, sin prejuicio de la defensa de los intereses municipales por encima de todo".