Según ha informado el presidente en Málaga de la Asociación de Víctimas del Amianto (Aviva), José Antonio Martín, se trata de un electricista al que a los 51 años, en 2014, se le diagnosticaron graves afecciones pulmonares, tras haber estado años trabajando en el área de calefacción, en contacto con el amianto.
En enero de 2015 se le concedió la incapacidad absoluta y recientemente su estado de salud se ha agravado, lo que le ha impedido acudir este lunes al juicio, en el que la parte demandante ha aludido a las medidas de seguridad y ha puesto de manifiesto la responsabilidad "clara y manifiesta" de la empresa.
Por parte de la empresa se ha alegado ausencia de culpa, argumentando que se tomaron las medidas en función de los datos que se conocían en ese momento. Así, la letrada ha indicado que el amianto es un riesgo "con los datos que tenemos ahora, pero estamos hablando de los años 80, cuando se conocía algo, pero no todo".
La abogada ha incidido en que los niveles estaban dentro de las concentraciones permitidas y en que se daban charlas sobre los métodos de protección con los que se contaba en ese momento, en el que no se conocían las graves consecuencias para la salud.
Asimismo, ha cuestionado algunos conceptos por los que se pide indemnización en la demanda presentada, como el perjuicio estético, al considerar que no están proporcionadas las cantidades; y ha alegado la falta de legitimación pasiva de las tres empresas en las que se dividió Renfe.
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