Las diligencias se abrieron por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente a raíz de la denuncia presentada por los vecinos de la barriada de El Palo por si las obras de construcción de dichas estaciones de bombeo, "supuestamente en zonas verdes dentro de la demarcación del Distrito Este de Málaga", fueran constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio.

Para la investigación de los hechos se realizaron varias actuaciones, como la petición de informes a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, el último recibido en abril de este año, referidos a las obras de instalación de ambas estaciones. Tras analizar los documentos, el fiscal dice que hay que "descartar la existencia de indicios de delito en la actuación de Emasa y los órganos municipales competentes".

En cuanto a Arroyo Jaboneros, en el decreto, al que tuvo acceso Europa Press, se recuerda que ya se archivó una denuncia similar, argumentos que "son plenamente aplicables a la presente denuncia"; mientras que respecto a la de Gálica, se indica que se puede aplicar alegaciones parecidas, aludiendo a la prescripción, a que tenían licencia y a que se trata de actuaciones en sistemas generales por lo que la parcela "admite el uso que se desarrolla".

Así, se resuelve que las obras denunciadas "no pueden entenderse incluidas en el ámbito de la aplicación del derecho penal" y no puede hablarse de un delito contra la ordenación del territorio, "sin perjuicio de que se haya producido o podido producir alguna irregularidad de carácter administrativo", algo que, se insiste, en estas diligencias "ni se afirma ni se niega", ya que solo se ha analizado si hay indicios delictivos.