En este marco, la delegada de Prevención del Distrito Sanitario de Málaga, Rosa María Martín Cruzado, ha afirmado que "la situación de recortes que vive el personal de la Administración sanitaria hace aumentar la presión asistencial y es el caldo de cultivo idóneo para que ocurran las agresiones".

Por ello, ha pedido que "se cumpla el protocolo de actuación ante las agresiones establecido en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y se le dé protección jurídica al trabajador".

Además, la responsable de Atención Primaria de CCOO, Trinidad Salcedo, ha destacado que "cualquier agresión que se produce sobre un trabajador de la sanidad pública es una agresión al Servicio Público Sanitario y el empleador es responsable de poner todas las medidas que sean necesarias para evitar que se vuelvan a producir estos episodios".

Según CCOO, en Málaga se han registrado 209 agresiones a lo largo de 2015, lo que la sitúa como la segunda provincia con mayor número de toda Andalucía, tras Sevilla.

El sindicato ha defendido que "es responsabilidad de la administración eliminar esas dificultades y promover medidas que eviten nuevos sucesos" y, por ello, ha solicitado medidas de prevención "efectivas y eficaces, como la contratación de un vigilante de seguridad para que sean acordes con el tipo de riesgo que existe en dicho centro".